(Fundación Solón).- El Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), un organismo del Banco Mundial creado para defender los intereses corporativos, condenó a Argentina a pagar 105 millones de dólares al grupo francés Vivendi y a su subsidiaria Aguas del Aconquija como indemnización por la rescisión de su contrato de concesión del servicio de agua potable y cloacas en la provincia de Tucumán. El abogado de AA en Tucumán Ignacio Colombres Garmendia informó al diario La Gaceta de Tucumán que Argentina tendría que pagar unos 170 millones de dólares, incluyendo intereses y costas.
  
El Tribunal del CIADI integrado por el canadiense William Rowley (presidente), el suizo Gabrielle Kaufmman-Kohler y el mexicano Carlos Bernal Verea falló que “los actos de los funcionarios provinciales violaron los derechos de Vivendi, de su subsidiaria y el acuerdo entre Francia y Argentina para proteger a los inversores extranjeros en ambos países”.
  
En 1995 la provincia Tucumán entregó en concesión por 30 años el servicio de agua potable y cloacas a la empresa Aguas del Aconquija, subsidiaria de la transnacional francesa Générale del Eaux, ahora Vivendi, pero se vio obligada a rescindirlo debido al mal servicio y a diferencias irresueltas en el contrato de concesión referidas al método de medición del consumo de agua, el nivel de tarifas para los usuarios, la oportunidad y el porcentaje de cualquier aumento de tarifas, el derecho empresarial de traspasar a sus clientes el pago de ciertos impuestos, y otros.
   
Las tarifas se duplicaron y los inversionistas no cumplieron los compromisos de inversión: el agua suministrada, de coloración parda, no era apta para el consumo humano y hubo períodos en los que la compañía no pudo evitar que el agua negra rebalse de las alcantarillas durante 20 días continuos. Los consumidores reclamaron, dejaron de pagar las facturas, la concesión se revocó en octubre de 1998 y comenzó el juicio más largo de los iniciados contra Argentina en el CIADI.  
  
La compañía presentó una demanda por 300 millones de dólares de indemnización, pero el CIADI desechó la querella argumentando que no se había violado ninguna de las condiciones del tratado de inversión entre Argentina y Francia, y que por tanto el reclamo debía tramitarse en tribunales de Tucumán. La multinacional francesa apeló y un comité ad-hoc del CIADI reconsideró la decisión. El dictamen conocido hace poco es “sorprendente” porque “presenta una argumentación incomprensible”, dijo el Procurador del Tesoro Osvaldo Guglielmino, y anunció que Argentina pedirá la anulación del fallo.
  
Una razón más para salir del CIADI
  
El CIADI es una especie de “justicia divina”, versión moderna de las cortes medievales, cuyos fallos son definitivos e inapelables. Está diseñado para que las transnacionales demanden a los Estados y no a la inversa; no toma en cuenta las circunstancias objetivas (en este caso el incumplimiento de contrato) y tampoco las convenciones de derechos humanos cuando analiza un caso. Para el CIADI, exigir a la empresa el cumplimiento estricto de normas medioambientales, de salud pública o impositivas es una forma de “discriminación”, “expropiación indirecta” o “expropiación equivalente”.
    
Argentina es la presa preferida de esta entidad privada de carácter feudal porque en todo el mundo es el país que más juicios enfrenta en el CIADI, muchos de ellos relacionados con la provisión del recurso agua. El pueblo argentino necesita el apoyo y solidaridad del movimiento social internacional y de cientos de redes de activistas que en su oportunidad ayudaron al pueblo boliviano a arrinconar a la Bechtel cuando quiso enjuiciar al Estado.
  
Apoyar al pueblo tucumano significa respaldar campaña internacional para erradicar el CIADI iniciada por el gobierno de Bolivia, el primer país del mundo que denunció la Convención del CIADI. El 29 de abril de 2007, Bolivia salió de este tribunal del Banco Mundial por cuatro razones: 1. Es absolutamente desequilibrado y parcializado con las transnacionales; 2. Es antidemocrático porque delibera en secreto y sin rendir cuentas a nadie; 3. Es extremadamente caro para los países pobres y un mecanismo para esquilmar a los Estados; y, sobre todo, 4. viola las Constituciones y la soberanía de las naciones.
   
Esta lucha es más política que legal: Hay que renegociar todos los tratados bilaterales de protección a las inversiones, pues la regulación de capitales en este momento de concentración monopólica es más urgente que nunca, y al mismo tiempo avanzar en el diseño de un nuevo sistema de solución de controversias compatible con el desarrollo, con la protección del medio ambiente, y que reconozca la participación social.
   
Se trata de revindicar los derechos humanos por encima de cualquier negocio o acuerdo comercial. Hay que tomar partido en la pugna histórica no resuelta entre unos cuantos empresarios interesados en acumular riqueza y millones de personas que reclaman su derecho a la alimentación, al agua y a los servicios.