(Fundación Solon).- En julio de 2001, los cinco presidentes de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) crearon la Mesa Indígena como una instancia de consulta y participación de los pueblos indígenas en el Sistema Andino de Integración (SAI), en reconocimiento a su presencia y aporte histórico a la subregión. El 11 de mayo de 2002, representantes de organizaciones indígenas, Gobiernos, Defensorías del Pueblo instalaron la Mesa Indígena en Urubamba, Perú, y dos meses después, el 7 de julio, el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores de la CAN formalizó a la Mesa jurídicamente a través de la Decisión 524 de la CAN. En esta iniciativa participaron notables investigadores y activistas de los movimientos indígenas en la esperanza de articular una organismo legítimo de representación indígena. Sin embargo, cinco años después, esta instancia aún no funciona.
 
El rezago es “imperdonable”, afirma el Presidente de Ecuador Rafael Correa, tal como lo expresó en la Cumbre de la CAN realizada hace algunas semanas en la ciudad de Tarija, Bolivia. Estamos hablando de una entidad de integración de países andinos que en el mundo concentran la existencia de naciones y pueblos indígenas que conservan su cosmovisión, culturas orginarias, modos de organización social y visiones del mundo y la naturaleza. Los pueblos indígenas no sólo son numéricamente significativos en tres de los cuatro países andinos (la población indígena es mayoritaria en Bolivia y Perú y representa alrededor del 25% de la población total de Ecuador [1]), sino que también tienen una relevancia política y social a través de sus organizaciones sindicales, comunitarias y culturales. Más aún, la Comunidad Andina de Naciones tiene entre uno de sus presidentes a un directo representante de esos pueblos indígenas en el caso boliviano.
 
Los pueblos indígenas del mundo han logrado grandes avances en el reconocimiento político y jurídico de sus derechos a través de diferentes convenios, tratados, pactos, resoluciones y declaraciones como el Convenio 169 de la OIT, ratificando por todos los países andinos; el Pacto de Derechos Económicos, Políticos y Sociales; la Convención sobre la Diversidad Biológica; la Agenda 21 de Naciones Unidas; la Resolución de Declaración del Decenio de los Pueblos Indígenas “Nueva relación de Pueblos Indígenas y Estados”; el Foro Permanente sobre las cuestiones indígenas de la ONU; el Foro Internacional de Pueblos Indígenas y Biodiversidad y el Convenio sobre Racismo, Discriminación Racial y Xenofobia, entre otros.
 
Se creó el Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y El Caribe; en la CAN inclusive se aprobó la decisión 391 que establece un Régimen Común sobre Acceso a los Recursos Genéticos, y en todos los países andinos se reconoce el carácter multiétnico y pluricultural de los Estados. A pesar de todos estos avances –en muchos casos pronunciamientos de buenas intenciones y nada más– todavía no se concreta una instancia de concertación con carácter vinculante entre la gran diversidad de comunidades indígenas y los gobiernos andinos.
 
En teoría, la Mesa Indígena es una instancia consultiva en el marco del SAI, para promover la participación activa de los pueblos indígenas en los asuntos vinculados con la integración subregional, en sus ámbitos económico, social, cultural y político. Y pese a su importancia demográfica, los indígenas todavía no pueden dar seguimiento y vigilar las normas y los convenios que negocia el bloque andino. A pesar de sus aportes invaluables en cuanto a la preservación y conservación del medio ambiente y del patrimonio cultural y ecológico, no se toman en cuenta sus opiniones al momento de diseñar políticas públicas de desarrollo.
 
En la última Cumbre de Presidentes de la CAN celebrada en Tarija se anunció la pronta implementación de la Mesa de Trabajo sobre Derechos de los Pueblos Indígenas, considerando que la participación y contribución de éstos “permitió la consolidación de la democracia y la generación de condiciones para la sostenibilidad de los procesos de desarrollo y de integración regional”.
 
El I Encuentro de Intelectuales Indígenas de las Naciones Andinas celebrado en la primera semana de julio en Lima resolvió pedir a la Secretaria General de la CAN que informe sobre la situación de la Mesa Indígena, tanto a los gobiernos y las organizaciones indígenas, con el fin de propiciar su instalación y funcionamiento en un plazo de tres meses.
 
Estaba previsto que la Mesa Indígena sostenga reuniones ordinarias (al menos una vez al año) y extraordinarias, cuando sea necesario. Esta instancia debía ser integrada por siete miembros plenos por cada país (tres delegados indígenas, tres delegados gubernamentales y un delegado de la Defensoría del Pueblo) y siete miembros consultivos (un experto o técnico independiente por cada país; un representante de la Coordinadora de las Organizaciones Indígenas de la Cuenca Amazónica (COICA) y un representante del Fondo para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas de América Latina y el Caribe).

La falta de funcionamiento de la Mesa Indígena de la CAN no puede seguir siendo el signo que marque la integración de los pueblos andinos, su instalación es una necesidad impostergable.

[1] Solamente del 1 al 2% de la población venezolana y colombiana es americana nativa, mientras que el 50% y el 80%, respectivamente, de los habitantes son mestizos. Unas dos terceras partes de la población ecuatoriana y alrededor de un tercio de las poblaciones bolivianas y peruanas es mestiza.