La silenciosa lucha de los comunarios del sudoeste potosino contra la exportación del agua del Silala a Chile y por la defensa de las aguas subterráneas ha recibido poca atención de la prensa a pesar de sus logros.

En 2001 el gobierno aprobó el decreto supremo 2267 que autorizaba la venta del agua subterránea del Sudoeste potosino. El empresario de origen norteamericano Peter McFarren intentó exportar aguas del Silala a Chile a razón de 200 litros por segundo, para luego aumentar los envíos hasta 2.000 o 3.000 litros por segundo perforando pozos en una zona con severo déficit de lluvias. El plan era subir hasta 20 mil litros en 20 años.

Amenazadas las fuentes de agua de los agricultores y las famosas lagunas que atraen a miles de turistas cada año, los más afectados de las provincias Sur y Nor Lípez enfrentaron al poderoso empresario y a la gente comprada por él, no con bloqueos sino con “pensamiento y propuestas”.

La Federación de Campesinos y las comunidades de cinco provincias de este jirón patrio lograron la victoria en tres años de lucha, desde 2001. Con una huelga de hambre en pleno Congreso, arrancaron al gobierno un Plan de desarrollo integral del Sudoeste Potosino expresado en la Ley 2704 emitida el 21 de mayo de 2004 en Uyuni. Uno de sus artículos prohíbe expresamente la exportación de aguas subterráneas o cualquier otro recurso hídrico.

Los gobernantes anteriores querían privatizar las aguas y –como todos los recursos naturales– entregarlas a las transnacionales. No sólo el agua del Silala estaba en su mira sino también las aguas subterráneas. Si se vendía esa agua, con el tiempo nos la zona se hubiese convertido en un desierto, y la producción de quinua, camélidos y turismo habría sido gravemente afectada.

Si bien la gente de esta zona ha ganado una batalla importantísima en la guerra permanente contra la privatización el agua, todavía no canta victoria. Ahora enfrenta otro gran conflicto con la Minera San Cristóbal, un millonario proyecto para explotar zinc y plata con una inversión superior a los 700 millones de dólares.

La población está consternada por las consecuencias ambientales de este proyecto minero que se instalará muy cerca del Salar de Uyuni. Se calcula que la empresa consumirá hasta 40 mil metros cúbicos de agua en sus actividades cotidianas. Los empresarios de San Cristóbal no quieren utilizar las aguas de un río que corren a razón de 200 litros por segundo porque son un tanto saladas sino que han decidido operar con el agua dulce subterránea.

Las organizaciones campesinas de Potosí anuncian que la lucha por preservar estos recursos es de vida o muerte. Para ellos, vender esta agua es como vender su vida misma.

2000 – 2005

LA LUCHA CONTRA LA EXPORTACIÓN DEL AGUA EN EL ALTIPLANO SUD

Desde el año 2000 empresas mineras asentadas en el Norte de Chile presionaron al gobierno de Bolivia a firmar un TLC  con Chile para favorecer la exportación de agua del Altiplano Sud para su usos en la industria extractiva de minerales.  El agua que existe en esta hermosa región de Bolivia es agua subterránea, agua fósil que proviene de una acumulación de siglos. Estamos hablando pues de una de las regiones más secas del país donde las comunidades y los ecosistemas sobreviven gracias a la humedad provista por estos bolsones. 

Luego de una larga lucha para defender los derechos del agua y la visión indígena de cuidado y reciprocidad con la naturaleza para logar un equilibrio ecológico, lograron la aprobación de una Ley para el Desarrollo Integral del Sudeste Potosino que fue aprobada en 2005.  Esta ley prohibe de manera explícita la exportación de aguas y se la puede considerar como un importante precedente en la normativa para defender el agua en el país. 

Ley de Desarrollo Integral del Sudeste Potosino

Artículo 2:  Por razones de protección ambiental, las aguas subterráneas y superficiales del Sud Este del Departamento de Potosí no pueden ser comercializadas, ni exportadas y deben ser usadas exclusivamente en proyectos para el desarrollo de la región.