La presente publicación recoge las principales intervenciones y aportes realizados en los distintos espacios referidos al Agua en
En la
La Sesión Temática Agua, uno de los 13 temas priorizados en las discusiones por los organizadores de la Cumbre Social, reunió a más de 200 líderes sociales, organizaciones sindicales, redes de activistas y ONGs de todo el continente americano, con el objetivo de compartir las diferentes experiencias de defensa del agua, así como debatir y acordar algunas acciones y estrategias para alcanzar el objetivo de preservar el agua como un derecho para todos los seres humanos y para la naturaleza, protegiéndola de todo intento de privatización o mercantilización.
Entre los representantes bolivianos presentes en la Sesión Temática, estuvieron convocando a este espacio la Asociación Nacional de Riego y Sistemas Comunitarios de Agua Potable y Saneamiento (ANARESCAPYS), Federación Regional Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), Federación Regional Única de Mujeres Campesinas del Altiplano Sud (FSUMCAS), Movimiento Boliviano por la Soberanía y la Integración Solidaria de los Pueblos y el Consejo de Defensa del Río Pilcomayo (CODERIP). También participaron de su convocatoria el Centro de Ecología y Pueblos Andinos (CEPA), el Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (FOBOMADE), la Red Uniendo Manos por la Vida (Red Umavida), Agua Sustentable y la Fundación Solón. Entre las instituciones internacionales presentes estuvieron Redes/Amigos de la Tierra (AT) de Uruguay, Sobrevivencia AT, FBOMS Brasil, Agua Viva AT Colombia y la REBRIP de Brasil.
De los debates y reflexiones participaron representantes de varias organizaciones sociales y ONGs bolivianas así como representantes y líderes sociales de Colombia, Ecuador, Argentina, Chile, Venezuela, Brasil, Paraguay, Uruguay, Honduras, Guatemala, El Salvador y México.
En los contenidos se encontrará un breve contexto acerca de la situación del agua en el mundo proporcionada por los análisis de los participantes de la Sesión Temática Agua y los análisis realizados en los diferentes espacios del agua de la Cumbre Social. Está también, un resumen del desarrollo de la Sesión Temática del Agua, basado en los cuatro paneles realizados: I. Derecho Humano al agua, Memoria de la Sesión Temática Agua. II. Agua e integración, III. Fuera el agua de los acuerdos de libre comercio (TLCs, BITs) y IV. La Convención Sudamericana de Agua. De igual manera hay una descripción del Espacio de Intercambio entre representantes de la Cumbre Social y representantes oficiales de la CSN, el mismo que fue promovido por la organización de la Cumbre con la finalidad de incidir con las propuestas de los movimientos sociales en los gobiernos. Este material también incluye una síntesis de la Carpa del Agua, un espacio organizado por iniciativa de los movimientos sociales bolivianos con el objetivo de socializar y compartir las experiencias de defensa del agua en Bolivia. Así como información muy básica sobre el desarrollo de las Actividades Autogestionadas referidas al agua.
Finalmente en los Anexos, incluimos el registro de iniciativas de apoyo a la Cumbre y la lucha por el agua por parte de redes internacionales de todo el mundo como fue el comunicado El Agua es la sangre de la Pachamama, el Manifiesto de Cochabamba de la
1. CONTEXTO [1]
Desde junio de 1972, cuando Naciones Unidas celebró en Estocolmo la conferencia del medioambiente para llamar la atención al mundo sobre el deterioro del medioambiente, se han firmado decenas de compromisos y pactos internacionales para preservar los recursos naturales. Pero, 34 años después la situación ambiental es tan delicada que está en riesgo la subsistencia misma de la humanidad.
El crecimiento de la población en el contexto de un modelo de desarrollo y patrones de consumo capitalistas, sobrecargó los sistemas y aumentó la presión sobre los recursos naturales, ocasionando graves problemas como la desertificación de suelos, la deforestación y en general, el cambio climático[2].
Aunque se desconoce la magnitud real del deterioro ambiental, puesto que no hay inventario completo de la biodiversidad, el planeta en general se encuentra en un franco proceso de destrucción y el número de especies desaparecidas y en peligro de extinción es alarmante. Cada día desaparecen 10 especies de seres vivos; desde la época de la desaparición de los dinosaurios, 65 millones de años atrás, nunca se ha visto un exterminio tan rápido.
Tuvieron que fracasar decenas de iniciativas internacionales por la conservación del planeta y acumularse décadas de sobreexplotación de los recursos naturales, privatizaciones, consumo insostenible y contaminación para que los seres humanos comiencen a develar la raíz misma del problema: la abierta contradicción entre el desarrollo capitalista y la conservación de la naturaleza y la defensa de la vida, pues la lógica del modo de producción capitalista es producir y acumular mediante la explotación de la naturaleza.
La explotación ilimitada de recursos, el descomunal aumento de inversiones en mega proyectos de minería, agricultura y energía, y otras prácticas como la privatización y la liberalización comercial que restringen en los hechos el acceso democrático a los servicios de saneamiento, amenazan a la vida en todas partes del mundo, afectando el derecho humano al agua, particularmente en lo que se refiere al abastecimiento de agua limpia e impactando severamente en la sostenibilidad ambiental.
Las prácticas industriales del desarrollismo capitalista impactan negativamente en las fuentes de agua ya sea porque las contaminan, sobreexplotan o las alteran con la explotación de recursos naturales o la construcción de mega obras que inevitablemente aceleran la destrucción de los ecosistemas. Ese es el alto precio que el planeta está pagando por el ideal del “desarrollo económico” capitalista.
En el caso del agua, las reservas naturales de agua dulce se formaron en millones de años, pero sólo en un siglo están en peligro. Sólo el 0.7% del agua en el planeta es disponible para el consumo.
En la actualidad, los problemas más graves son la carencia de servicios de saneamiento básico para todas las personas (millones de personas en el mundo sufren de la escasés de agua y acceso a servicios básicos), así como el uso descontrolado y la contaminación de recursos hídricos en todas sus formas.
Las diversas variantes de privatización ensayadas por imposición del Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo no han podido resolver estos problemas. Al contrario las políticas de liberalización y mercantilización alcanzaron a impactar sobre el agua y la presión sostenida de estas multilaterales proliferaron los contratos de privatización y concesión a empresas transnacionales y el establecimiento de marcos normativos en beneficio de los inversionistas y no de la población en la misma medida. La iniciativa privada llamada a reemplazar a la “deficiente y corrupta” empresa pública del agua no sólo que no resolvió las graves carencias de saneamiento básico en la práctica, sino que agravó los problemas generando conflicto social e inaccesibilidad a los altos costos del servicio.
La prioridad de estas prestadoras de servicios no es la satisfacción de necesidades humanas. Por ello, en varios países aumentaron significativamente las tarifas de agua sin que haya disminuido el número de personas que están fuera de las redes de abastecimiento. En Bolivia, tres millones de personas, un tercio de la población, no acceden al agua potable, y hasta en Chile, considerada por la tecnocracia como el paraíso del neoliberalismo “eficiente”, burocráticos marcos normativos impiden establecer un mecanismo efectivo de derechos sociales de acceso al agua.
Por otro lado, sistemas productivos de baja tecnificación continúan contaminando las cuencas de agua medias y bajas, y hacen que la gente pobre enfrente grandes dificultades para obtener agua.
El agua es desperdiciada indiscriminadamente en procesos industriales y en la agroindustria mientras que millones de personas sufren la falta de agua a raíz de un enfoque de organización social que ha priorizado el lucro. Existen decenas de experiencias concretas en el Continente que demuestran la insustentabilidad de este patrón de desarrollo fundamentado en la explotación de recursos naturales. En Bolivia, por ejemplo la industria extractiva minera de Potosí ocasiona severos problemas de contaminación en la cuenca alta del Río Pilcomayo, mientras que la actividad petrolera lastima la cuenca baja. En el Río Tarapaya, contaminado con cadmio, plomo, arsénico y zinc, antes se procesaba 1.300 toneladas diarias y en la actualidad, más de 4.000 toneladas.
Otra amenaza preocupante, y que ha sido planteada con el respaldo de los acuerdos de libre comercio, es la explotación de bolsones de agua subterránea, agua fósil que la naturaleza ha guardado durante siglos y que ahora es objeto de la codicia de las transnacionales mineras en particular. Por ejemplo en Bolivia, en Nor Lípez, una región desértica y con déficit de lluvias se ha planteado la posibilidad de exportar aguas a Chile para beneficiar a las empresas mineras asentadas den el norte de ese país. Las organizaciones sociales de la región con su lucha evitaron este peligro pero ahora enfrentan la posibilidad de que la compañía minera San Cristóbal Apex Silver explote indiscriminadamente esta agua para sus operaciones en territorio boliviano.
IIRSA y el agua
A la devastación ambiental y los sacrificios nacionales en cuanto a normativa y soberanía se suma ahora un nuevo riesgo para América Latina: la iniciativa de Integración de la Infraestrustura Regional Sudamericana (IIRSA), un megaproyecto para ampliar la infraestructura e integrar a Sudamérica, financiado por el FMI y el BID.
Para la IIRSA, que fue concebida a la luz del ALCA hacia el año 2004, los grandes biomas sudamericanos como el Sistema Paraguay-Paraná, el Gran Chaco, la Cordillera Andina, la Gran Amazonía, la Pampa Húmeda y el Pantanal son “barreras” que tienen que ser superadas en pos del desarrollo, sin considerar que estos biomas contribuyen de sobre manera a la riqueza biológica y cultural de las comunidades que los habitan. Se estima que unas 30 millones de personas dependen de dichos ecosistemas.
Según varios activistas, los proyectos de la IIRSA están orientados a facilitar el transporte y la exportación de los bienes naturales, y en sí mismos también son grandes negocios para las empresas constructoras e hidroeléctricas. Se trata de emprendimientos doblemente insustentables, pues aceleran el expolio natural y la concentración de riqueza, y al mismo tiempo son el origen de otra ola de endeudamiento que nuestros pueblos cargarán por más tiempo.
Entre los proyectos del IIRSA no sólo están contemplados planes de pavimentación y apertura caminera sino también la ampliación y “mejoramiento” de las hidrovías, que sin duda desequilibrarán los ecosistemas, acarreando un alto costo humano. La alteración del ecosistema con la construcción de grandes obras de ingeniería constituye un problema serio para las fuentes de agua limpia.
Durante miles de años los ríos han sido hidrovías que comunicaron a los pueblos indígenas, y actualmente todavía sirven para el transporte de mercancías sin mayores problemas, incluida la soya y otros productos mineros. Sin embargo, como son un negocio en sí mismos, las grandes constructoras están dispuestas a alterar los cursos de agua aunque las megaobras no sean urgentes, ni pertinentes.
La Federación de Campesinos de Pando y las organizaciones de Beni se han pronunciado en contra de la construcción de las hidroeléctricas en el Madera: “Vamos a dejar desabrigadas a centenares de familias de más de 20 comunidades campesinas en Pando, y miles de hectáreas bajo el agua. La paralización de la construcción de las represas depende de que lleguemos a un consenso con los movimientos sociales de Brasil”, plantea Manuel Lima dirigente de la Federación de Campesinos de Pando. Otras de sus preocupaciones son la deforestación indiscriminada y la explotación de oro en el Río Madre de Dios, actividad que contamina el agua y afecta a los peces.
Una de las amenazas principales para el cumplimiento efectivo del derecho humano al agua es que las corporaciones transnacionales asuman el control de los territorios. Por ello, los movimientos sociales de la región exigen el replanteamiento de los objetivos del IIRSA y la suspensión de mega proyectos diseñados para acelerar la extracción de recursos naturales por parte de agroexportadores, grandes corporaciones mineras, semilleras, energéticas, hidroeléctricas y petroleras.
Plantas de Celulosa: “pasteras”
Otras obras que se realizan en el Continente y que son parte del modelo de desarrollismo insustentable que impactan en el agua son las famosas pasteras o plantas de celulosa procesadoras de pasta de madera para la fabricación de papel, emprendimientos que afectan severamente a los cursos de agua, o lo que se denomina “robo virtual” de agua.
En Misiones, una pequeña provincia del Paraguay, se han instalado tres pasteras sobre el Río Paraná y también en el Río Paraguay. En el norte de Perú también se libra una lucha constante por la defensa de los páramos y las montañas de neblina que son las que generan el elemento liquido de los grandes ríos y las quebradas que riegan el valle de la costa en Perú.
El Acuífero Guaraní
El Acuífero Guaraní es otro de los reservorios de agua que vive una grave amenaza de ser controlado por transnacionales y países poderosos. El Acuífero Guaraní es un mar de agua dulce y constituye la mayor napa de agua subterránea del planeta, con 1.2 millones de km2, compartida por Argentina, Brasil y Paraguay. Se dice que tiene agua para abastecer 360 millones de personas (la población de Sudamérica), siempre que sea bien administrado.
Las transnacionales estadounidenses y europeas, especialmente las embotelladoras y fabricantes de bebidas, tienen puestos sus ojos en este generoso reservorio de agua dulce. El gobierno de Estados Unidos también demuestra mucho interés en el Acuífero Guaraní como fuente de energía, que es parte del paquete de seguridad del presidente George W. Bush. Con el falso argumento de prevenir el crecimiento de “células terroristas dormidas”, el gobierno norteamericano planea intervenir militarmente la zona de la Triple Frontera, área estratégica que vincula a las dos economías más importantes del Cono Sur y, por supuesto, al Acuífero Guaraní. Según diversos reportes de prensa y denuncias de organizaciones sociales, ya existiría una base de avanzada y movimientos militares norteamericanos en Paraguay.
En este nuevo esquema, el agua estaría en camino de convertirse en una herramienta de control político, se podría buscar una nueva forma de regulación del turismo, la agricultura y la soberanía.
Tratados de libre comercio y agua
Los tratados de libre comercio impulsados por las grandes potencias como Estados Unidos en el continente Americano y varios países de Europa, al igual que los acuerdos de inversión y programas de desarrollo financiados por las instituciones de crédito como Banco Mundial y el FMI, convierten al agua en una mercancía, es decir que reducen este elemento esencial para la vida a la condición de mero objeto susceptible de privatización y fuente de lucro.
Estos esquemas son impulsados bajo los acuerdos de libre comercio, los Tratados de Libre Comercio (TLCs), los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y los Tratados Bilaterales de Protección a las Inversiones (BITs).
En virtud a estos tratados y normas, los estados que los suscriben están de algún modo obligados a cumplir una regulación supranacional construida para proteger los intereses privados, bajo los principios del Consenso de Washington que postula que son las inversiones privadas las que van a promover el desarrollo. De este modo las grandes transnacionales, amparadas bajo estos acuerdos, no tienen dificultades para apropiarse de valiosas fuentes de agua en el Continente, y tienen el camino libre para gestionar los sistemas de abastecimiento de agua potable y alcantarillado bajo la lógica del lucro.
Las abundantes reservas de agua de América Central y América del Sur están incluidas en todas las grandes estrategias de dominación contemporáneas: el Plan “Puebla-Panamá” en América Central, la Iniciativa para la Integración de la Infraestructura Regional de América del Sur (IIRSA) y el North American Water and Power Alliance (NAWAPA), que pretende desviar vastos recursos de agua de Alaska y del Oeste de Canadá para satisfacer la demanda de Estados Unidos.
El agua está incluida en los acuerdos y las negociaciones de la OMC en varios los capítulos: no solamente en el de servicios sino en los acuerdos de acceso a mercados, servicios transfronterizos e inversiones. Ya existen clasificadores arancelarios que involucran el agua en sus diferentes formas.
Estos acuerdos de comercio internacional y de inversión están creando nuevos derechos de acceso al agua para las corporaciones privadas, garantizados por normas legales supranacionales que se sobreponen a las legislaciones nacionales y que ponen en entredicho la soberanía de los Estados.
2. SESION TEMATICA AGUA: EXPERIENCIAS Y REFLEXIONES PARA LA DEFENSA DEL AGUA
Varias organizaciones nacionales e internacionales involucradas en la preparación de la
Como se conoce, la Cumbre social por la Integración de los Pueblos, estableció 13 ejes temáticos, a saber: Militarización, Agua, Comercio, Agricultura,Tierra y Territorio, Energía, Revalorizacion de la Hoja de Coca, Justicia e Impunidad, Migracion, Infraestructura, Financiamiento, Medio Ambiente, Derechos Sociales y Pueblos Indígenas.
Por su pertinencia y especificidad, el tema Agua fue separado de Medio Ambiente, así como por el cúmulo de experiencias de resistencia, campañas y propuestas desarrolladas en la última década en la región. Estas acciones dan cuenta de la construcción de un multitudinario movimiento ciudadano que ha incorporado entre sus objetivos vitales, la defensa del agua como un bien común, como un derecho humano y como un bien de la naturaleza y de las especies que habitan el planeta. Este movimiento global ha sentado precedentes históricos de resistencia y construcción de propuestas en contra de la privatización, de la mercantilización y de los hábitos y actividades que la contaminan y depredan.
Las organizaciones involucradas en la preparación de este evento señalaron 4 ámbitos prioritarios de análisis en la dirección de reflexionar sobre una propuesta que se colocó en la agenda de debate en el camino de la Comunidad Sudamericana de Naciones cual es la propuesta para una Convención Sudamericana del Agua contenida en la Carta del Presidente boliviano Evo Morales a la CSN y que refleja un objetivo ansiado por los movimientos globales de defensa del agua.
En ese contexto, se planteó debatir sobre el agua como un derecho humano, pensando sobre todo en las experiencias de recuperación de los sistemas públicos de agua dados en varios países y en la reflexión de cómo asegurar servicios públicos eficientes, con control social y transparentes como una consecuencia de la lucha desarrollada por los pueblos por la recuperación de estos servicios.
De igual modo, se consideró importante debatir sobre el tema del agua y los procesos de integración para visibilizar los conflictos, tensiones e intereses que se colocan detrás de estos procesos y poder discernir entre una integración desde abajo que priorice la vida y el bienestar y no así en acuerdos que pretenden beneficiarse con la sobreexplotación de nuestros recursos.
Un tema importante también considerado en la agenda del agua, es el de los acuerdos de libre comercio, que son presentados como acuerdos para el progreso y el desarrollo y se constituyen en el nuevo esquema de dominación de los países grandes sobre los chicos.
Estos acuerdos afectan y amenazan con abrir los mercados de servicios de saneamiento, facilitar las exportaciones de aguas en sus diferentes formas y sobre todo, establecer una serie de normas que afectan el derecho al agua.
Finalmente, la última sesión concebida por los organizadores como estratégica, trató sobre la Convención Sudamericana del Agua, para a partir de las reflexiones y debates generar miradas y visiones estratégicas para trabajar en esta perspectiva.
Así, la Sesión Temática del Agua se dividió en cuatro ejes de discusión debatidos en 4 paneles:
Panel I. El Derecho Humano al Agua
Panel II. Agua e Integración
Panel III. Fuera el Agua de la OMC, TLCs
Panel IV. Una Convención Sudamericana del Agua
PANEL I. EL DERECHO HUMANO AL AGUA
La interpelación al modelo de libre mercado desde la defensa del agua ha sido determinante en los últimos años. La conciencia de que el agua es un factor fundamental para la vida empujó a los pueblos, los movimientos sociales e instituciones de la sociedad civil a organizarse para hacer frente al modelo de la privatización con nuevas propuestas de gestión que respeten los derechos de los seres vivos y privilegien la vida humana y no el lucro. En este Panel se hizo un balance de la situación a partir de la crítica a los procesos de privatización del servicio del agua, así como de las perspectivas que plantea la recuperación de los sistemas públicos del agua dada gracias a las luchas sociales en varios países de la región.
Desde 1985, el Banco Mundial (BM) y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) definieron las políticas de mercantilización del agua, presionando a los gobiernos para la aprobación de leyes, contratos de privatización y concesiones a empresas transnacionales. La tendencia privatizadora del agua se expresa con más fuerza en los servicios de agua y saneamiento; en la minería, la industria forestal y de celulosa; y en la producción de energía, destruyendo ecosistemas.
Sudamérica está avanzando en la lucha contra la privatización del agua (Uruguay, Bolivia y Venezuela), es necesario profundizar y consolidar este avance recogiendo y generalizando otras experiencias positivas y sobre todo, promoviendo alternativas de gestión pública que demuestren, en la práctica, las ventajas de una gestión no privada.
Desde hace algunos años, la tendencia que considera al agua como un derecho humano y de la naturaleza promueve una campaña muy fuerte a nivel mundial, exigiendo que el agua deje de ser objeto de condicionalidades de las multilaterales y luchando por una normativa de Naciones Unidas que reconozca el derecho humano al agua.
A continuación presentamos un resumen de las intervenciones realizadas en la sesión:
Omar Fernández - Presidente de FEDECOR / Senador de la República de Bolivia
Las organizaciones sociales del agua de Bolivia hemos pasado de la resistencia a la propuesta. Un ejemplo es la reciente aprobación de la Ley de las EPSAs Mancomunitarias Sociales, que sustituye al modelo de las EPSA SAM que en Bolivia significó la privatización de los sistemas sanitarios. La fuente de inspiración para la sustitución de esta ingeniería legal privatizadora, fueron los usos y costumbres locales y territoriales en la gestión del agua de las comunidades y pueblos de Bolivia.
La Ley de Riego, elaborada con participación de los movimientos de regantes y campesinos, es un ejemplo, porque crea el Servicio Nacional de Riego, que sustituye a la Superintendencia de Aguas por una Autoridad de Agua, y se establece el Derecho de Agua.
Carmen Peredo - Federación de Regantes / Cochabamba.
Después de una evaluación de los resultados de la Guerra del Agua, creemos que como
organizaciones de regantes hemos avanzado en la construcción de propuestas alternativas a la privatización. Sin embargo, en lo que se refiere a la empresa recuperada, Semapa, nos quedamos a medias. No pudimos crear un nuevo modelo de gestión del agua. Por lo tanto, considero que debemos ser autocríticos respecto de lo que nos hemos planteado lograr y cuáles han sido los factores que han evitado que avancemos más. Es necesario continuar hasta el final y lograr nuestros objetivos y para ello el control social es fundamental, así como la eficiencia y la transparencia.
María Paz Aedo - Cono Sur Sustentable / Chile.
El Código de Aguas, vigente en Chile desde los años 80, faculta al Estado a concesionar a perpetuidad usos consuntivos del agua (uso del agua en su totalidad), usos no consuntivos del agua (una vez usada vuelve a su caudal) y derechos de agua subterránea. Lo peor de este modelo es que, además de afectar el derecho humano de acceso al agua de sus comunidades, es utilizado como un buen ejemplo aplicable a otras realidades. Igual que con los tratados de libre comercio.
Chile ha privatizado sus servicios de saneamiento básico y corrientes de agua halladas en el área de influencia de megaproyectos, emprendimientos energéticos, mineros y forestales. Este modelo de desregulación y privatización es el fraude más grande en Latinoamérica: en teoría, la gente accede al servicio de saneamiento, pero no puede pagarlo.
Los dueños del agua en Chile son las grandes empresas forestales, mineras, agrícolas y sanitarias, las cuales sobre explotan y destruyen los manantiales, excluyendo a sectores sociales empobrecidos.
El régimen de propiedad y acceso a los recursos hídricos y a los servicios sanitarios en Chile vulnera directamente los derechos de acceso de las comunidades y de las personas.
Edgardo Lander - Mesas Técnicas del Agua / Venezuela
Mediante las experiencias de las Mesas Técnicas del Agua, conformadas en cada zona, se reconoció dos tipos de saberes sobre el agua, totalmente diferentes. El saber técnico de los especialistas y los saberes de la gente común. Ahí nos dimos cuenta de que una alta proporción de los problemas ocurrían fuera de los mapas y el conocimiento hidroeléctrico, y que sólo las comunidades podían identificar el funcionamiento de estas redes. Lo que nos mostró la necesidad que existe en nuestras comunidades de compartir los aprendizajes colectivos, así como lo técnico. Esta articulación ha permitido tomar decisiones para grandes inversiones.
Pablo Villegas - Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade)
Hay que tener cuidado cuando se habla del derecho humano al agua, porque pareciera que sólo se refiere al uso personal y sanitario, dejando a los demás usos al libre arbitrio de los grandes intereses económicos. Muchas comunidades utilizan el agua en la pesca y el transporte, entre otros. Hay que concebir el derecho al agua desde un punto de vista integral, como elemento básico para el cumplimiento de todos los demás derechos humanos.
PANEL II. AGUA E INTEGRACION
Los recursos hídricos no conocen fronteras y por eso la gestión sostenible de esta riqueza requiere indispensablemente de un trabajo en conjunto. Los países de América necesitan actuar de forma integrada bajo el lema de que el agua es el principio de unidad de los seres humanos, sabiendo que lo que hagamos en un lugar tendrá repercusiones en otras regiones del mundo y para el futuro.
En Sudamérica se encuentra la franja tropical lluviosa más importante del mundo, compuesta por la cuenca del Amazonas (más de 6 mil kilómetros cuadrados que contienen la cuarta parte de las reservas de agua dulce del planeta) y el valle central de la Cuenca del Plata (la segunda más importante y extensa zona de 4500 km2 a lo largo del Río Paraguay conformada por diversos sistemas de humedales e islas montañosas).
Los diferentes biomas, que componen el gran Sistema de Humedales (Bioma Pampeano, Gran Chaco, la Pampa Húmeda, la Selva Amazónica y el Pantanal), nutren de agua, alimento, medicinas, saberes y conocimientos tradicionales y culturales a los pueblos que viven en estos territorios y tienen una estrecha relación con la zona Andina, pues es en la Cornisa Andina donde se origina el agua que alimenta a estos sistemas de humedales.
En este panel se trató la importancia de la gestión integral y transfronteriza de las cuencas en base a principios de transparencia, complementariedad, preservación del medio ambiente y participación social. Se presentaron algunos casos: Contaminación del Río Pilcomayo, la prohibición de exportación de aguas subterráneas del Sudoeste Potosino, el Río Madera y la Hidrovía Paraguay Paraná.
Se abordó la importancia de la integración cuando se habla del Agua más allá de las fronteras, ya que todos los ríos, mares, lagos, acuíferos, reservas, humedales, están interconectados. Por ello, y para asegurar el cuidado de los ecosistemas de manera integral y los derecho de agua, cualquier proceso de integración regional debe basarse en la restauración y gestión sustentable de los ecosistemas transfronterizos con y para las comunidades.
A continuación un resumen de las intervenciones de los panelistas.
Pablo Villegas - Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo (Fobomade) / Bolivia
No existen fronteras cuando hablamos del agua, de igual forma con la contaminación. En el caso de la Hidrovía Madera, un proyecto IIRSA, sus impactos en la pesca serán para todo el Amazonas, así como las consecuencias en la salud, no se detendrán en la frontera de Bolivia.
Por otro lado, en el Río Madera se planea construir cuatro represas hidroeléctricas: dos en Brasil (Jirau y Santo Antonio), la Hidroeléctrica Binacional en la zona transfronteriza y una cuarta en Cachuela Esperanza sobre el río Beni, en Bolivia. El proyecto consigna también la construcción de esclusas para eliminar las cachuelas que “interrumpen” la navegación en la hidrovía conformada por los ríos Madera-Guaporé-Beni-Madre de Dios. Las dos presas en Brasil tendrían una potencia de 6450 MW, mientras que las dos represas en Bolivia alcanzarían una capacidad de alrededor de 3600 MW, 4 a 5 veces la demanda de energía en todo el territorio nacional, lo que quiere decir que la energía producida sería exclusivamente para la exportación a las zonas industriales del sur de Brasil y en ningún caso abastecería a la región e inviabilizaría otros emprendimientos pequeños de abastecimiento de energía.
Si esto continúa, la región deberá asumir todos los costos sociales y ambientales de las obras, incluyendo los problemas de salud derivados de la proliferación de las condiciones de incidencia de enfermedades tropicales como la malaria y otras; la desaparición de extensos bosques de castaña y áreas de cultivo estacionales de las riberas (provocando inun-dación por las represas); la desaparición de especies de peces (afectando a la pesca comercial y de subsistencia), y una gran presión sobre tierras bolivianas por parte de pescadores brasileños, expulsados como consecuencia de la construcción de las represas.
Elías Peña - Sobrevivencia AT / Paraguay
En el caso del proyecto Hidrovía Paraguay-Paraná del IIRSA, principalmente en el Río Paraguay, las empresas están promoviendo la remoción de miles de metros cúbicos de toneladas de roca, según ellas, con el objetivo de mejorar el transporte de barcazas con soya y minerales entre el Río de la Plata y el Pantanal, a través del Sistema de Humedales, debido a que durante muy pocos días de algunos años muy secos existen dificultades por dos pasos rocosos, que en 100 años no representa más de un mes en total.
Pero no están considerando que estos pasos rocosos son las represas o barreras naturales de todo el Sistema de Humedales. Esta canalización del Río Paraguay ocasionará el descenso del nivel de aguas del Pantanal, haciéndole perder su función de regulación y producción de agua.
Nosotros creemos que nuestro continente multiétnico y pluricultural es autónomo en energía y producción de alimentos; es una perfecta isla. Sin embargo, IIRSA nos separará. Por eso, es que están surgiendo propuestas alternativas: la Iniciativa del Valle Central de la Cuenca del Plata, es una acción piloto desarrollada como alternativa a IIRSA; considera estos biomas como una oportunidad para integrarnos de forma sustentable, tomando en cuenta las iniciativas de la gente y las comunidades.
Para nosotros, la integración regional debe basarse en la restauración, conservación y gestión sustentable de nuestros ecosistemas transfronterizos con y para las comunidades. Además, de la reconstrucción de la soberanía de nuestros pueblos y comunidades locales, su reconocimiento, y defensa de los pueblos originarios. Así como, la restauración de los territorios que han sido degradados durante los últimos 500 años, y promover el uso sustentable de la biodiversidad, la defensa y restauración de las fuentes de agua de los humedales y ríos; la reconstrucción de la sustentabilidad de las grandes ciudades; impulso a la energía sustentable, a la producción agrícola y no agrícola sustentable. Además, no se debe producir soya.
Esteban Llanos - Consejo de Defensa del Río Pilcomayo (CODERIP) / Bolivia
Cuando hablamos de una cuenca, debemos considerar que es un concepto que va más allá del espacio geográfico. Es un espacio social y cultural, que está compuesto por personas, animales y toda la naturaleza; es vida y cultura. Además, cada microcuenca tiene su propia personalidad porque en un espacio de 100 Km., cambia su geografía, el tono de lenguaje y el uso del agua, entre otros.
En el caso de la Comunidad Sudamericana de Naciones, como una propuesta de integración, insistimos en la necesidad de una integración que diferencie y respete las características de cada uno de nuestros pueblos, así como su soberanía. Al enemigo le interesa que nos peleemos entre vecinos, sin embargo, ellos siempre han trabajado juntos.
Juan Yacha - Activista / Argentina
El agua es la sangre de la pachamama y así como nuestra sangre se malogra cuando no la tratamos bien, igual el agua; si no circula, si construimos represas, sobreviene la muerte del río. Todo el agua del planeta está interconectado, la contaminación esta afectando a todos los ríos que existen, sobre todo en el Acuífero Guaraní y si nos roban el agua, también van a terminar robándonos el Acuífero.
Es cierto que las exportaciones atraen mayores recursos para un determinado país, pero trae también mayor pobreza para la población. Aunque el BM otorgue un subsidio, que yo llamo “un suicidio”, ese dinero casi nunca llega a la gente.
Juan Carlos Alurralde - Agua Sustentable / Bolivia
Otra estrategia necesaria para enfrentar a estos megaproyectos que provocan la contaminación, es contar con información transparente y científica, porque muchas veces las organizaciones sociales carecen de la información técnica, sus argumentos son más de tipo reivindicativo, de justa reacción ante ciertas políticas públicas, pero no siempre con argumentos técnicos, contundentes e irrefutables.
El Río Mauri alimenta al Río Desaguadero, es el hilo de vida de los Andes, llega hasta el Lago Poopó, que es un Sitio Ramsar[3]. Se está avanzando en el establecimiento de un convenio para la regulación de este río trinacional, pero Chile ya desvió sus aguas hacia su territorio sin autorización previa, mientras que Perú demanda las aguas principalmente para el desarrollo de grandes emporios agrícolas en Tacna, una zona de limitada precipitación pluvial.
No existe forma de estudiar con precisión cuál es el caudal del río ni la demanda de cada uno de los tres países debido a que la zona está sembrada de minas personales. Probablemente el caudal actual sea de 3.600 lts/seg, de los cuales Perú se llevaría 1.520 lts/seg y Chile otros 1.000 lts/seg, dejando a Bolivia más o menos otros 1.000 lts/seg.
A iniciativa de Perú, se está negociando la posibilidad de desviar 3.000 litros por segundo hacia su territorio, lo que dejaría a Bolivia con solo 530 lts/seg. El país vecino reconoce los graves impactos y por ello está dispuesto a otorgar una compensación económica. Se está realizando un proyecto de evaluación social para hacer un análisis integral de los efectos ambientales y sociales.
Patricia Molina - Foro Boliviano de Medio Ambiente y Desarrollo / Bolivia
Si bien es necesario una integración para solucionar estos problemas, se debe tener en cuenta que estas propuestas muchas veces responden a geopolíticas de expansión de algunos países sobre otros territorios. Por ejemplo, la Hidrovía Madera, une varias cuencas que permitirán a Brasil navegar desde el Amazonas, con salida al Perú y al Océano Pacifico. Por lo que hay que tener cuidado, ya que muchas veces mediante acuerdos supuestamente de “integración” y de “gestión integrada”, se están cediendo derechos soberanos de los países implicados a entes supranacionales.
Por ejemplo, a través de acuerdos internacionales como la Cuenca del Plata se cedió soberanía y se crearon entes supranacionales de monitoreo de cuencas sin controles independientes.
PANEL III. FUERA EL AGUA DE LOS ACUERDOS DE LIBRE COMERCIO (OMC, TLCs y BITs.)
Sudamérica avanza en la lucha legal contra la privatización del agua con las experiencias de Uruguay, Bolivia, Argentina y Venezuela, pero las legislaciones de avanzada pueden terminar como letra muerta si no se combaten decididamente los tratados internacionales que promueven la privatización del agua como los TLCs, los BITs o los acuerdos de la OMC. Estos acuerdos se constituyen en una legislación supranacional que facilita el control financiero sobre los recursos y el agua.
Muchos procesos de privatización de servicios reflejan lo perverso de estos mecanismos. Por ejemplo, el proceso de privatización del agua en Cochabamba, como todos conocen esto terminó con la expulsión de la empresa Aguas del Tunari/Bechtel, sin embargo, luego de este gran conflicto social sobrevino la demanda de esta empresa norteamericana que, amparada en un acuerdo bilateral de inversiones entre Bolivia y Holanda, inició una demanda a Bolivia por más de 25 millones de dólares. Esta demanda, luego de 5 años, fue levantada por un acuerdo negociado con la empresa que -gracias a una gran campaña internacional- vendió sus acciones al Estado boliviano por el valor de 30 ctvs. de dólar. Sin embargo, 5 años de gestiones y defensa de esta demanda, le costó a los fondos públicos del Estado alrededor de 2 millones de dólares, cuatro veces más de lo que esta empresa había invertido en Bolivia.
Con luchas similares el movimiento social continental y mundial por el agua ha comprendido que se debe resistir estos acuerdos y luchar por que el agua esté fuera de la jurisdicción que plantean estos acuerdos perversos. Así, el movimiento global por el agua ha activado la campaña “Fuera el agua de la OMC, los TLCs y los BITs”, buscando precisamente que estas entidades junto al Banco Mundial dejen de promover la privatización y mercantilización del agua.
Bajo esta experiencia se ha planteado generar y continuar con acciones conjuntas para evitar que el agua sea atrapada por la telaraña de los acuerdos comerciales. En este marco se celebra que el pueblo boliviano, haya revirtido concesiones privadas a través de la acción directa, como en Cochabamba el año 2000 frente a la transnacional Bechtel, y al mismo tiempo se exige a los gobiernos que retiren formalmente sus compromisos de liberalización en el marco de las negociaciones de la OMC, como hizo la administración de Evo Morales en 2006.
A continuación se presentan las intervenciones de los panelistas.
Fátima Mello - FASE REBRIP / Brasil
Para evitar que el agua sea considerada mercancía las campañas deben extenderse a nivel mundial, sudamericano y en cada uno de los países; e incluso es necesario ampliarlas contra el monocultivo, ya que esta actividad económica es la que más desperdicia el agua. Nuestras acciones deben ser integrales. De qué nos serviría pelear para que el agua sea sacada de los acuerdos de libre comercio, si el agua se acabara.
Las luchas sociales deben hacer énfasis en la denuncia de los acuerdos comerciales que
significan la muerte del derecho humano al agua y son incompatibles con la provisión de este recurso esencial para la vida. Las campañas también deben denunciar el monocultivo, pues donde hay monocultivo no hay agua; por ejemplo, cuando exportamos la soya estamos exportando el agua.
Dos particularidades de los tratados de libre de comercio deben ser visibilizados con particular atención en las luchas sociales: por un lado, los capítulos de inversiones reclaman trato nacional para las empresas extranjeras, pedir la no discriminación de las empresas extranjeras es como pedir el suicidio de las empresas públicas de América Latina; por otro lado, la premisa de los TLCs es la liberación progresiva, la apertura de mercados es un camino sin retorno. En los capítulos de inversiones se empuja a los gobiernos a someterse a tribunales de inversionistas que obligan a los Estados a pagar grandes sumas si pierden en los procesos.
Hemos ganado algunas batallas, aunque todavía no la guerra. Hay que continuar con las acciones de resistencia para generar propuestas sobre el bien público del agua. No es una tarea fácil (...) se debe ampliar las luchas más allá del derecho humano al agua con la participación de nuevas organizaciones.
Elizabeth Peredo - Fundación Solón / Bolivia
América y el mundo viven un proceso de privatización, mercantilización y degradación de las fuentes de agua, se tiende a considerar el agua apenas como una “necesidad” y no como un derecho.
La aplicación de las reglas del libre comercio a nivel de acceso a mercados, servicios, inversiones, agricultura y propiedad intelectual mercantiliza el agua y fomenta la privatización de este elemento esencial para la existencia de todos los seres vivos y del planeta mismo.
El agua ya está parcialmente incluida como mercancía en los acuerdos de libre comercio en vigencia y su valor ha sido “monetizado” a través de los denominados “servicios ambientales”. El agua no sólo que está involucrada en los servicios ambientales, sino también en los servicios de turismo, de distribución comercial al por mayor y menor, de transporte por agua y tubería y en “otros servicios” donde se encuentra la generación hidroeléctrica.
El agua como servicio de agua potable y saneamiento básico se encuentra en el Acuerdo General sobre el Comercio de Servicios (AGCS) de la OMC y en los capítulos de servicios de los TLCs. La situación es mucho peor en los capítulos de inversiones de los TLCs y en los más de 2.000 Tratados Bilaterales de Protección a las Inversiones extranjeras que existen en el mundo. La definición de inversión de los BITs es bastante amplia y abarca los derechos de agua, concesiones, licencias, autorizaciones, contratos, y permisos otorgados a una persona o empresa extranjera para fines mineros, turísticos, petroleros, hidroeléctricos, de transporte pluvial para servicios de agua potable, medio ambientales, agricultura, pesca y otros.
La mayoría de los países aun no ha comprometido los servicios medioambientales en
Sebastián Valdomir - REDES AT / Uruguay
El 31 de octubre de 2004, el pueblo uruguayo votó por casi dos tercios (63%) que su Constitución proteja al agua como derecho humano, provisto exclusivamente por entidades públicas y sin fines de lucro. El referéndum en Uruguay fue resultado de una lucha de dos años, dirigida por la Comisión Nacional por la Defensa del Agua y la Vida, conformada por sindicatos, asociaciones de derechos humanos, organizaciones ambientales y muchos activistas de la sociedad civil, quienes se inspiraron en la Guerra del Agua de Cochabamba para convocar al plebiscito popular.
El referéndum fue un paso histórico en la lucha para defender el agua de los intereses empresariales y constituye la base de una campaña internacional por un convenio de las Naciones Unidas por el derecho al agua.
Sin embargo, a casi dos años de la reforma constitucional, aún no se cumple la ley por diversas cuestiones. Los tratados comerciales y el modelo económico, que lleva adelante el gobierno uruguayo, impiden que se implemente este derecho humano. Ejemplo de ello es el diferendo diplomático por la producción de celulosa. Las empresas de celulosa controlan grandes cantidades de agua e impiden que se implemente el derecho humano al agua. Si no tenemos sujetos que exijan el cumplimiento, que conduzcan los cambios, este tipo de normas se pueda convertir en letra muerta y hasta tengan más valor los TLCs.
PANEL IV. UNA CONVENCION SUDAMERICANA DEL AGUA
En los últimos años, los planteamientos privatizadores han ido perdiendo influencia debido, fundamentalmente al fracaso de las concesiones privadas en muchos países y también gracias al fortalecimiento de una campaña mundial por el reconocimiento del agua como un derecho humano y un bien común.
Estamos claros de que mientras no exista un instrumento internacional vinculante que proteja el agua del mercantilismo, la racionalidad privatizadora del Banco Mundial, del Consejo Mundial del Agua y de los gobiernos de los países poderosos seguirá predominando en las prácticas de uso y gestión del agua. Para estos organismos, el agua es una “necesidad humana” que puede ser satisfecha de mejor manera por el sector privado. El neoliberalismo entiende que el acceso al agua depende de la capacidad de pago de los consumidores/ciudadanos, racionalidad que por ahora va llevando la delantera en esta guerra de baja intensidad contra la privatización.
Desde hace algún tiempo, los movimientos y activistas del agua reclaman un compromiso por parte de los estados para proteger el agua de la privatización y tratarla como un bien común y un derecho humano. En esta cruzada, se han posicionado también algunos gobiernos que en el Foro Mundial del Agua se aliaron para apoyar la propuesta de Declaración boliviana para el Foro, postulando el Agua como un derecho humano. La búsqueda de una Convención Mundial que comprometa a los Estados del mundo a proteger el agua de la privatización es una de las banderas de los movimientos activistas del agua.
En el marco del proceso de la Comunidad Sudamericana de Naciones, ha surgido la propuesta de una Convención Sudamericana del Agua contenida en la carta del Presidente Evo Morales a los presidentes de la CSN. La misma enfatiza que los pueblos han alcanzado niveles de integración mayores que los gobiernos, y recogiendo sus demandas en varios temas, propone avanzar hacia una Convención Sudamericana del Agua La Convención Sudamericana del Agua se puede constituir en una herramienta que podría ayudar a establecer acuerdos vinculantes entre los países y avanzar en el plano legal, sin que ello signifique dejar de lado las otras prioridades de la lucha por defender el agua.
Juan Carlos Alurralde - Agua Sustentable / Bolivia
Es importante que cada una de las organizaciones, instituciones y movimientos presentes en esta Cumbre Social incidan en sus propios países y gobiernos para que la propuesta de la Convención Sudamericana del Agua se haga realidad.
Freddy Mamani - FRUTCAS / Bolivia
Esta convención tiene que desalentar, sancionar y prohibir las actividades económicas que destruyen y contaminan el agua, como el monocultivo y la minería. Debe resaltar los principios de soberanía que tienen todos los pueblos y comunidades del continente sobre sus recursos hídricos; garantizar a las comunidades y pueblos el uso al agua para reproducir su existencia, según sus visiones, usos, costumbres y pautas culturales; prohibir la exportación de aguas con fines comerciales; identificar fuentes hídricas de la región en peligro para protegerlas; establecer mecanismos de consulta vinculante y derecho al veto de las poblaciones afectadas por grandes proyectos de infraestructura hidráulica, vial, energética, minera, agroindustrial; abordar el problema de la contaminación hídrica, un flagelo que azota toda la región y sus poblaciones, y, en vez de atribuir jurisdicción al CIADI del Banco Mundial, instaurar un Tribunal Sudamericano del Agua con participación social y con facultades para sancionar delitos ambientales recuperando disposiciones internacionales.
Francisco Dorado / Colombia
Esta convención, además de ser un instrumento jurídico, también debe movilizar y educar, para aportar y enriquecer los procesos de movilización social; debe recoger los aportes de todos los actores.
José María Villalta / Costa Rica
La Convención Sudamericana del Agua debe tener rango superior a las reglas y disposiciones de cualquier tratado comercial o convenio para la liberalización comercial. Así como, recuperar los principios de convenciones ya suscritas sobre medio ambiente y derechos sociales.
Luis Novoa - Rebrip / Brasil
Esta convención no tiene que aceptar financiamientos condicionados que ponen al agua al servicio de los flujos internacionales, en contra nuestro futuro y soberanía.
Maria Eugenia - Viviente Río Parapeto / Bolivia
La Convención del Agua debe articular los movimientos locales y globales, ya que a nivel comunitario, en los pueblos, la gente no está muy enterada, tiene que haber un vínculo más práctico entre las organizaciones que están al tanto este tema y los pueblos dónde suceden estas acciones destructivas del agua.
María Paz Aedo - Cono Sur Sustentable / Chile.
La Convención debe obligar a los Estados a garantizar la soberanía de los pueblos sobre el agua y los territorios, algo similar al Convenio 169 de la OIT, conservando el concepto de soberanía porque es más poderoso que el concepto de derecho, es más fuerte y participativo. Así como, establecer la obligación de los Estados de realizar un mapeo de cuencas, para saber cuáles son los caudales y los limites ecológicos razonables de uso.
Sebastián Valdomir - Redes AT / Uruguay
La Convención Sudamericana del Agua es una estrategia de carácter legal, por lo que tiene que tener rango superior a las reglas y disposiciones de cualquier TLC, BITs u otros tipos de liberalización.
La campaña internacional por el reconocimiento del agua como un derecho humano no empieza de cero. En 2002, el Comité de la ONU sobre Derechos Culturales, Económicos y Sociales del PIDESC reconoció al agua como derecho humano. Al mismo tiempo, algunos gobiernos han iniciado acciones para impedir la privatización del agua. Noruega rechaza la ayuda que condicione la privatización y anunció que no pedirá a los países en desarrollo que abran sus servicios públicos a los mercados en las negociaciones del AGCS. Uruguay elevó a rango constitucional el derecho humano al agua y Bolivia, luego de retirar formalmente su oferta de servicios de la OMC y de solicitar a esta entidad que el Agua salga de sus negociaciones, se apresta debatir en la Asamblea Constituyente las bases para respetar el derecho humano al agua y su cuidado como bien común.
En este mismo esfuerzo, en la 36ava reunión de la Organización de Estados Americanos (OEA) realizada en Santo Domingo en junio del 2006, Bolivia propuso que se incorpore una resolución específica declarando al agua como un derecho humano. La propuesta despertó gran interés de muchos gobiernos, aunque se expresaron cuatro oposiciones: Estados Unidos, Canadá, Isla Saint Jones y Argentina. Ahora, la propuesta se encuentra en manos del Consejo Permanente de la OEA. En la Cumbre de Cancilleres de Países no Alienados ya se declaró al agua como derecho humano, igual en la reunión de Presidentes realizada en Cuba y en la última Cumbre llevada a cabo en Nigeria[4].
Las organizaciones y redes presentes en la Sesión Temática Agua plantearon que América Latina reconquistará su soberanía sólo si recupera el control de sus riquezas privatizadas, en especial del agua, elemento vital para la existencia humana. El agua no puede ser fuente de lucro, pues privatizar el agua es como ponerle precio a la vida, y se comprometieron a avanzar en la construcción de instrumentos como la Convención Sudamericana del Agua (CSA) de manera conjunta con los gobiernos de la región.
ESPACIO DE INTERCAMBIO CON REPRESENTANTES DE LOS GOBIERNOS DE
Este espacio fue promovido por los organizadores de la Cumbre Social con el objetivo de incidir en las decisiones que se adoptarían en la Comunidad Sudamericana de Naciones, de manera que la Cumbre Social no se constituya en un foro de sólo acciones de protesta y resistencia, sino que también en un espacio de interacción con las delegaciones oficiales, para que las propuestas generadas desde abajo, desde las comunidades y las organizaciones sean tomadas en cuenta seriamente por los gobiernos reunidos en la CSN.
Fue una experiencia única con resultados positivos de conjunto. Incluso la declaración final, la Declaración de Cochabamba, emanada de la Cumbre de Presidentes destaca estas experiencias de intercambio como un ejemplo de la institucionalidad a la que debería aspirar la CSN, en cuanto a la relación con la sociedad civil. Así mismo, esta declaración incluye el principio de respeto y armonía con la naturaleza debatida en la propia sesión de intercambio: “Armonía con la naturaleza para un desarrollo sostenible garantizando que las preocupaciones de carácter ambiental y las referidas al cambio climático, estén presentes en todas las iniciativas de desarrollo regional, fundamentalmente en las obras de infraestructura y energía, preservando el equilibrio de los ecosistemas y a la protección de la biodiversidad, con reconocimiento y valoración de los conocimientos tradicionales”.
El Grupo de Reflexión, conformado por altos funcionarios de cada uno de los países, mencionó la importancia de la Convención Sudamericana del Agua en el Documento final de la Comisión Estratégica de Reflexión. “Un Nuevo Modelo de Integración de América del Sur. Hacia la Unión Sudamericana de Naciones” (www.cumbresudamericana.bo) planteando “Estudiar la posibilidad de una Convención Sudamericana del Agua, tomando en cuenta la legislación interna de cada país”. Aunque la Sesión no contó con una representación total de los funcionarios de los gobiernos, la experiencia fue valiosa e importante. A continuación, se presenta una breve descripción del desarrollo del Espacio de Intercambio.
Representantes de la Cumbre de Presidentes:
Rosaly Arteaga. Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA).
Fernando Córdova. Embajador de Ecuador en Bolivia. En representación del Vicecanciller del Ecuador.
Abel Mamani. Ministro del Agua de Bolivia.
Representantes delegados de la
Sebastián Valdomir. Redes AT-Uruguay.
Saúl Apaza. ANARESCAPYS.
María Paz Aedo. Cono Sur Sustentable / Chile, en la Moderación
Según Rosaly Arteaga, representante de la OTCA, el agua no reconoce fronteras, por lo que es indispensable una integración que coadyuve a la solución de los problemas de contaminación, el deshielo, la tala de bosques, erosión de los suelos ocasionados por las actividades mineras y petroleras. Se está avanzando poco, sólo en Bolivia existe un Ministerio del Agua. Fernando Córdova señaló la importancia de acuerdos como la Convención Sudamericana del Agua, para solucionar problemas reales de la población y que no se queden solo como convenios de buenas intenciones.
Abel Mamani dijo que la Convención Sudamericana del Agua ayudará a establecer el agua como derecho humano, como un ejemplo para el mundo.
En representación de las organizaciones sociales del agua del Continente, Sebastián Valdomir planteó la necesidad de reconocer la soberanía de los pueblos en la gestión y control del agua, que la privatización ha generado sólo pobreza y precarización de la calidad de vida. Hay que cambiar el actual modelo de desarrollo. Saúl Apaza ponderó la participación de las organizaciones sociales en la gestión del agua, y los avances legislativos en Bolivia, como pasos previos a la Convención.
Esteban Llanos de CODERIP espera que el encuentro con los representantes del gobierno no termine como otros foros internacionales: con declaraciones de buenas intenciones y nada más, sino que avance con hechos concretos. Uno de ellos es consolidar el manejo integral de cuencas comunitarias.
Así mismo, plantea institucionalizar en toda la región el “audioganóstico socioambiental
comunitario”, que consiste vigilar todas las cuencas con la ayuda de una red de promotores ambientales provenientes de las mismas comunidades. Esta red levantaría informes propios de sus recursos naturales y cuantificaría el daño de la contaminación. Con esa información se demandaría a instancias internacionales responsables de los daños para obtener resarcimiento.
“Las organizaciones sociales somos capaces de resolver nuestros problemas y proponer, pues hay quienes se aprovechan de nuestra desgracia y que viven 20 años sin encontrar una solución y sin identificar a los responsables de la contaminación. Para resolver nuestros problemas el único camino es la integración de los pueblos y ya no de intermediarios”.
3. CONCLUSIONES Y PLAN DE ACCION
A continuación transcribimos las conclusiones más importantes de la Sesión Temática Agua, así como algunas de las estrategias diseñadas al calor de los debates y reflexiones, en un espacio que articuló a activistas y movimientos sociales bolivianos con activistas, redes y movimientos del continente y el mundo.
Conclusiones de la Sesión Temática Agua
La Sesión Temática concordó en el reconocimiento de la soberanía de los pueblos y las comunidades en la gestión, control y acceso al agua. Se coincidió, como diagnóstico que todo tipo de experiencia de privatización del agua ha generado pobreza, marginalidad y precarización de la calidad de vida de las comunidades y de los ecosistemas. Se concluyó que el actual modelo de desarrollo -que promueve las privatizaciones de bienes públicos, las grandes industrias exportadoras y la integración comercial en beneficio de las empresas- es la principal amenaza para la vida de las personas, los pueblos, las comunidades y los ecosistemas.
Hay un acuerdo general en promover el agua como un recurso para la vida de los seres humano de los ecosistemas y de otros seres vivientes del planeta; en este marco fortalecer la constitución de empresas públicas con carácter social para el abastecimiento del agua, con una vision social que priorice el agua como derecho humano. En esa medida, se plantea recuperar las visiones comunitarias desarrolladas por los pueblos, en particular los pueblos indígenas que conciben el agua como la sangre de la Pachamama, un bien de la naturaleza al que hay que cuidar y preservar en base a los principios de la reciprocidad con la naturaleza, la solidaridad y la equidad.
La plenaria de la Sesión acordó la importancia de construir una Convención Sudamericana del Agua o un instrumento similar de articulación como estrategia legal, de carácter vinculante, para responder y avanzar en los múltiples problemas que fueron identificados a lo largo de la Sesión.
Esta Convención debe tener un rango superior a las reglas, disposiciones y normas de cualquier tipo de acuerdos de libre comercio, OMC, TLCs, BITs u otros establecidos en la región y debe recuperar los principios de las convenciones internacionales sobre medio ambiente, territorio, derechos humanos y derechos económicos, sociales y culturales ya suscritas por los gobiernos de la región.
Las conclusiones principales de las sesiones determinaron:
1. Declarar el acceso al agua como derecho humano y trabajar para su plena aplicación.
2. Promocionar una Convención Sudamericana del Agua (CSA) y la Convención Mundial del Agua.
3. Sacar al agua de todos los tratados de comercio internacionales como los TLCs, BITs, y de los acuerdos de la OMC.
La Convención Sudamericana del Agua
La plenaria estableció como un elemento central la necesidad de que las características, objetivos, principios y alcances de la Convención Sudamericana del Agua (CSA) o instrumentos afines, deben ser construidos participativamente en un gran diálogo regional entre los gobiernos y los pueblos, con participación de las organizaciones, los movimientos sociales y las instituciones legítimas de la región. Sólo en este diálogo y concertación sobre la CSA se dará la legitimidad necesaria para este mportante acuerdo internacional.
La expectativa de una Convención del Agua se concentra en lograr un instrumento que posibilite entre otras cosas:
Establecer el agua como un derecho humano y de los seres vivientes, prohibiendo su privatización, entendiendo este derecho no sólo como acceso a agua potable, sino también como medio de vida de las comunidades, bien cultural de los pueblos y bien de la naturaleza.
Excluir al agua de los acuerdos de libre comercio y de los acuerdos de protección de las inversiones en sus diferentes capítulos e instancias, así como de las negociaciones en el ámbito de la OMC y evitar la jurisdicción de tribunales supranacionales como el CIADI.
Avanzar en el establecimiento de un Tribunal Sudamericano del Agua que sancione los delitos referidos a las violaciones de los derechos de las personas y comunidades al agua en el continente, recuperando las disposiciones y convenciones internacionales sobre medio ambiente, derechos humanos, DESC y derechos territoriales, suscritas por los gobiernos de la región.
Desarrollar mecanismos solidarios que permitan identificar las principales fuentes hídricas (humedales, glaciares, aguas subterráneas, superficiales) de la región que se encuentran en peligro para establecer políticas participativas de preservación y cuidado integral.
Establecer mecanismos de fomento, articulación e intercambio de las capacidades de las empresas públicas prestadoras de servicios de agua de la región, resaltando y promoviendo las buenas prácticas en base a los principios del derecho humano al agua y de asegurar su acceso para todos.
Abordar con responsablidad y junto a todos los gobiernos el problema de la contaminación hídrica, un flagelo que azota toda la región y sus poblaciones.
Controlar actividades extractivas con uso intensivo de agua (particularmente mineras y petroleras) en zonas de recarga de acuíferos, nacientes de cuencas, humedales y glaciares, asi como establecer prohibiciones para la exportacion y apropiacion de agua con fines de lucro.
Avanzar en mecanismos de consulta vinculante con las poblaciones afectadas por grandes proyectos de infraestructura hidráulica, vial, energética, minera, agroindustrial.
La CSA debe ser un instrumento que garantice a las comunidades y los pueblos el acceso al agua para los diversos usos, que les permita reproducir su existencia, de acuerdo a sus tradiciones, costumbres y pautas culturales, debe valorar el agua como una fuente de vida y de cultura de los pueblos.
La Sesión quizo resaltar la urgencia de avanzar en esta agenda en el entendido de que muchos de los problemas relativos al agua que aquejan a la región pueden convertirse en irreversibles.
Aportes de la Sesión para un Plan de Acción
En base a los debates realizados se sugirieron acciones concretas para una estrategia de defensa del Agua:
Visibilizar y hacer seguimiento a los casos de recuperación de sistemas de gestión social del agua para demostrar que si se puede enfrentar a las transnacionales con movilización popular articulada. En este marco, intercambiar experiencias sobre la conformación de organismos públicos, autogestionados y controlados por la sociedad para la administración del agua.
Vigilar, denunciar y combatir los instrumentos de financiación que contengan condicionamientos que vulneran el derecho humano al agua.
Desarrollar acciones legales contra las empresas y gobiernos responsables del calentamiento global.
Desarrollar campañas Sur-Sur y Sur-Norte sobre los modelos de desarrollo y hábitos de consumo y produccion en su impacto para la sostenibilidad ambiental y explicar a nivel local y con informacion consistente, el impacto de la explotación irracional de los recursos naturales.
Exigir a los gobiernos realizar los mayores esfuerzos para detener los proyectos de integración en infraestructura que pongan en riesgo la cuenca amazónica, como son las obras hidroeléctricas e hidrovías del complejo del Río Madera. Los gobiernos deben restaurar, recuperar y tratar de inmediato las cuencas afectadas por diversos emprendimientos productivos y de integración comercial e infraestructura. En este marco desarrollar el concepto de “cuenca social”.
Avanzar en la costruccion dede la sociedad civil de un Tribunal Sudamericano del Agua que sancione las violaciones de los derechos de las personas y comunidades al agua en el continente.
Las organizaciones y movimientos sociales asumen el 22 de marzo como Jornada Interamericana en Defensa del Agua. Se concretarán articulaciones regionales y campañas permanentes contra la privatización del agua y los emprendimientos productivos sobre las cuencas, denunciando sus impactos y fracasos.
Finalmente, todas las instituciones, organizaciones sociales, sindicales, movimientos y demás participantes de la Sesión Temática del Agua de la
En este espacio se brindó información sobre las luchas que las organizaciones sociales del país llevan adelante en defensa del agua. El mismo tuvo participación permanente de diferentes organizaciones y personas asistentes a la Cumbre, promovieron debates en torno a preocupaciones regionales comunes como son la contaminación, la construcción de empresas públicas autogestionarias y el control social, entre otros temas. Además, la Carpa del Agua se constituyó en un mecanismo de coordinación efectivo para futuras acciones más globales que aporten a la consolidación del derecho al agua.
El aporte principal de la Carpa del Agua es haberse constituido en un espacio autónomo que logró la sistematización de las principales victorias del movimiento popular boliviano en la defensa del agua, como por ejemplo, la reversión de las concesiones privadas a través de la acción directa, la recuperación de los sistemas de agua privatizados y dar testimonio de la influencia que ejercen estos procesos en las políticas estatales.
A continuación se realiza una descripción de algunos temas compartidos en este espacio.
Sin duda, la experiencia boliviana en la defensa y recuperación de fuentes de agua privatizadas o concesionadas sienta un precedente importante en la lucha contra la mercantilización del recurso.
Además de recuperar fuentes de agua de manos de dos transnacionales como la Bechtel y Suez a través de acciones directas, el movimiento popular boliviano ha obtenido otras victorias en el pasado reciente, como por ejemplo, la aprobación de una ley en 2004 que prohíbe la exportación de aguas subterráneas a Chile; la creación del primer Ministerio del Agua del Hemisferio y el desarrollo de nuevas estrategias estatales contra la mercantilización en 2006, como el retiro de las ofertas de servicios ante la OMC, o las propuestas hacia el Foro Mundial del Agua y la CSN en pos de que el agua sea reconocida como un derecho humano.
Las célebres movilizaciones sociales del año 2000 en Cochabamba no sólo expulsaron a la transnacional Bechtel-Aguas del Tunari sino que precipitaron la sustitución de la Ley 2029 de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario por la Ley 2066 que puso en la agenda de discusión los derechos y usos del agua y retomaron las propuestas emergentes de los pueblos indígenas para un proceso de refundación del Estado boliviano. Se incorporaron 36 nuevos artículos en la legislación favorables a las organizaciones indígenas y campesinas, “un acto jurídico que otorga derechos de uso y aprovechamiento de aguas de carácter perpetuo a comunidades campesinas e indígenas”[5].
La lucha de los comunarios del sudoeste potosino contra la exportación del agua del Silala a Chile y por la defensa de las aguas subterráneas ha recibido poca atención de la prensa a pesar de sus importantes logros. En 2001, el gobierno aprobó el Decreto Supremo 2267 que autorizaba la exportación del agua a razón de 200 litros por segundo, para luego aumentar los envíos hasta 2.000 o 3.000 litros perforando pozos en una zona con severo déficit de lluvias. El plan era subir hasta 20 mil litros en 20 años.
En tres años de lucha continua, incluida una huelga de hambre en pleno Congreso, la Federación de Campesinos y las comunidades de cinco provincias de este jirón patrio arrancaron al gobierno un Plan de Desarrollo Integral del Sudoeste Potosino expresado en la Ley 2704 emitida el 21 de mayo de 2004 en Uyuni. Uno de sus artículos prohíbe expresamente la exportación de aguas subterráneas o cualquier otro recurso hídrico.
Desde fines de 2004, casi 580 juntas vecinales de la ciudad de El Alto se movilizaron contra la transnacional francesa Suez Lyonnaise des Eaux y su “contrato amañado” para administrar el servicio de agua potable y alcantarillado de La Paz y El Alto a través de la empresa Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA). El movimiento vecinal alteño obligó al gobierno del ex presidente Carlos Mesa a iniciar la terminación del contrato con AISA, luego de 10 días de paro cívico. Su lucha consiguió resultados concretos. Antes les cobraban 249 dólares para la conexión de alcantarillado y 196 dólares para la conexión de agua potable; y con la lucha se logró bajar los costos a 180 y 155 dólares, respectivamente. En enero de 2007, el gobierno de Evo Morales rescindió oficialmente el contrato con la empresa y dió inicio a la organización de una empresa pública para reemplazar a la transnacional.
La defensa desde el Estado
Omar Fernández, guerrero del agua, Presidente de la Federación de Regantes de Cochabamba (FEDECOR) y actual Senador del MAS, asegura que las organizaciones sociales de su sector han pasado de la resistencia en las calles a la propuesta de normas legales para proteger al agua. La nueva arquitectura legal se inspira en los usos y costumbres locales y territoriales, es decir, en la gran diversidad cultural que tienen los pueblos de Bolivia en la gestión del agua[6].
En virtud a la Ley de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal Nº 2878 aprobada en 2004, el Estado Social Comunitario reconoce, respeta y protege los derechos de agua, los usos y costumbres de las comunidades y organizaciones indígenas, campesinas y originarias, y de las organizaciones sociales que hacen uso del agua con carácter social y comunitario. El agua es considerada un recurso público y común bajo dominio del Estado, cuyo uso y aprovechamiento se realizará en consulta con las comunidades a través de acuerdos, convenios y según los usos y costumbres[7].
En agosto de 2006, el presidente Evo Morales aprobó varios decretos reglamentarios de la Ley 2078 de Promoción y Apoyo al Sector Riego para la Producción Agropecuaria y Forestal que reconocen y otorgan derechos de uso y aprovechamiento de los recursos hídricos para el riego.
Esta última ley elimina las concesiones y superintendencias que privatizaban las aguas,
reemplazándolas por autoridades colectivas. También establece el trámite de REGISTRO CONJUNTO sobre fuentes de agua que se usan para consumo humano y para riego y crea los Directorios Locales de Cuenca, el Servicio Nacional de Riego (SENARI) y el Servicio Departamental de Riego (SEDERI), promoviendo de esta forma la participación, coordinación y toma de decisiones por las organizaciones involucradas en la producción agrícola y el manejo del riego en Bolivia.
Por otro lado, la Ley N 898/2006 - 2007 de Entidades Mancomunitarias Sociales de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado Sanitario promueve proyectos para abastecerse de agua bajo un modelo mancomunitario social, como personas colectivas de carácter social y sin fines de lucro.