(Patricia Boyco, ALOP).- Compartimos la afirmación de que la ciudadanía es la base de todo sistema democrático y que ella radica en el reconocimiento de las personas como sujetos portadores de derechos políticos, civiles y sociales. También concordamos en que más allá del derecho a votar cada cierto tiempo, como ya es común en América Latina, nuestras democracias al menos deben brindar garantías a todas las personas para el ejercicio integral de esos derechos, especialmente los económicos, sociales y culturales. Al respecto, la realidad muestra que las mujeres enfrentan múltiples restricciones y barreras, objetivas y subjetivas que limitan su plena ciudadanía; ellas provienen del ámbito político y económico, del ámbito de la sexualidad y de la identidad socio cultural, individual y colectiva.

Si bien en América Latina se ha consolidado la democracia electoral, la participación política de las mujeres en cargos electivos y de gobierno, es mínima. Las mujeres de sectores urbano populares y rurales, las mujeres indígenas y afrodescendientes, están entre los grupos más pobres y excluidos de la población, en una región que ostenta la más alta desigualdad (0.552 con base en el coeficiente de Gini, año 2003), y donde más del 44% de la población vive con ingresos por debajo de la línea de pobreza. A estas condiciones objetivas que resultan en exclusión y desigualdad socio políticas, se suman las barreras que provienen de la división sexual del trabajo, el trabajo doméstico, cuidado de los niños, las actividades no remuneradas, las que en conjunto refuerzan roles e identidades sociales tradicionales de género (madres-esposas, siempre “en función de otros”). María Betania Ávila1 recuerda que estas desigualdades y discriminaciones se experimentan tanto en la esfera privada como en la esfera pública, y ciertos poderes fácticos –como las iglesias y otros fundamentalismos- refuerzan el control sobre la vida de las mujeres. En la primera, la violencia sexual y doméstica y en el ámbito público la mercantilización del cuerpo de las mujeres, su uso como botín de guerra, el negocio de la prostitución, etc.

Todo ello habla de un déficit de autonomía de las mujeres, que constituye la pre condición para hablar de sujetos políticos y de ciudadanía. Y así como es importante recuperar la dimensión de exclusión objetiva que experimentan las mujeres desde una perspectiva de derechos, también lo es fijarse en las dimensiones subjetivas y simbólicas: la percepción de discriminación, prejuicios, dependencia de otros, desmovilización. Recuperar esta dimensión subjetiva en el caso de las mujeres es un acto político para ganar poder y un mayor desarrollo individual y colectivo que amplíe sus márgenes de libertad y acción desde la propia identidad, y no desde la sumisión originada en opresiones múltiples como las de género, raza, clase, etc.

Como nos recuerda Gina Vargas, no existe la democracia en singular sino múltiples procesos y esferas de democratización. La tarea para afianzar la plena ciudadanía de las mujeres es inmensa. Por ejemplo, la democracia la debemos entender, más que como sistema político, como una forma de organización de la vida social que se despliega tanto en el ámbito público como en el privado, y como un proceso único y continuo. Igualmente, tratar de des-instalar viejas relaciones sociales y de poder basadas en la tradición jerárquica y autoritaria y construir otras, en el marco de un nuevo paradigma de cultura democrática, participativa e inclusiva, con plenos derechos ciudadanos basados en la autonomía de los sujetos sociales. Para ello necesitamos movilizar nuestras agendas, poder de acción y movilización entre diversos actores, en este caso especialmente, con los movimientos feministas y de mujeres.

“Radicalización del Feminismo, radicalización de la democracia”. En: Revista Cotidiano Mujer, Nº 42, mayo 2006. Montevideo