El gobierno argentino rescindió el contrato con la compañía Aguas Argentinas, controlada por el grupo francés Suez, acusándola de "abuso de poder" y "graves irregularidades de carácter prolongado". La operadora privada tenía desde 1993 la concesión del servicio de agua potable y de alcantarillado por 30 años para los once millones de habitantes de Buenos Aires y de 17 populosos distritos que rodean a la capital argentina, pero ahora hace maletas para salir de Argentina con el prestigio hecho pedazos. A la multinacional le quedan sólo dos negocios hídricos en la región: Brasil y México, pues de Bolivia también está de salida.

El servicio vuelve a manos del Estado argentino a través de la empresa pública Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA), creada por decreto supremo, con un plan de inversión de 38,3 millones de euros.
Suez es un gigante de la energía y el gas, cuyas ganancias alcanzaron 3.000 millones de dólares en 2005, y es también una de las empresas de agua más poderosas del mundo a través de su división Suez Environnement. La francesa argumenta que sus fracasos en Argentina y Bolivia se deben a riesgos financieros y políticos que le impidieron obtener ganancias en un sector con bajas tasas de retorno de inversión. "En Argentina fue el shock macroeconómico y la devaluación del peso que impidieron cumplir con algunas cláusulas del contrato, y en Bolivia fue la imposibilidad del gobierno, por cuestiones políticas, de aumentar las tarifas después de cinco años", dijo a Tierramérica Jacques Labre, director de relaciones institucionales de Suez.

La deficiente gestión de la empresa afectó a por lo menos 300 mil usuarios que forman parte de los grupos socioeconómicos más vulnerables de la capital argentina. La compañía explotaba 151 pozos de agua para el consumo, de los que 43 "exceden" los requisitos mínimos de salubridad por tener altos niveles de nitratos, sustancia que refleja contaminación con aguas residuales. 21 de los 28 "pozos de reserva" están en la misma situación.
En septiembre de 2005 Suez decidió rescindir de forma unilateral el contrato y salir de la compañía a raíz de una controversia con el gobierno por la actualización de las tarifas, que están congeladas desde 2002. En enero, la junta de accionistas de la compañía aplazó la fecha de retirada de Suez con el fin de "facilitar una transición ordenada".

La empresa incumplió el 90% del contrato

El presidente de la Auditoría General de Argentina Leandro Despouy afirmó que Aguas Argentinas incumplió con el 90 por ciento de algunas de las metas comprometidas en el contrato, mientras que el Ente Tripartito de Obras y Servicios Sanitarios (Etoss) y a la Secretaría de Recursos Hídricos fueron extremadamente "flexibles" al momento de fijar las obligaciones de la concesionaria.
El comportamiento de la empresa no ha sido “ejemplar" y también "ha habido reiterados incumplimientos y un comportamiento por parte del Estado muy desaprensivo y negligente en materia de exigencias. Esto es imputable específicamente a la autoridad de aplicación, la Secretaría de Recursos Hídricos, y al Etoss", precisó el funcionario.

En 1997, cuando la conducción de la Secretaría de Recursos Naturales y Desarrollo Sustentable estaba en manos de María Julia Alsogaray, se renegoció el contrato original y "las obligaciones del concesionario se diluyeron".  Esa renegociación es "un claro ejemplo de lo que no se debe hacer". "Lo que hizo María Julia Alsogaray es un ejemplo emblemático de un despojo de la racionalidad que debe guiar la custodia de los intereses del Estado. En ese momento, frente al incumplimiento, en vez de crear mecanismos que garantizaran en el futuro el cumplimiento y pusieran reglas más severas para obligar a la empresa a hacerlo, se le flexibilizaron las obligaciones, se le prorrogaron las metas y se produjo una situación en la que aun después, no obstante este tipo de flexibilizaciones, tampoco cumplieron", reclamó Despouy.

Por ejemplo, en 2001, la empresa debía invertir 2,5 millones de pesos/dólares en la Planta Sudeste de tratamiento de efluentes y no lo hizo. "¿Cuál fue la multa que le aplicó el Estado? 9.800 pesos-dólares, 0,12 por ciento de lo que la empresa debía invertir. Una burla", dijo el Despouy.

Juicios en el Ciadi

Los accionistas de Aguas Argentinas, entre ellos el grupo francés Suez y la española Aguas de Barcelona, ya presentaron una demanda por 1.700 millones de dólares ante el Ciadi del Banco Mundial por la pesificación y el congelamiento de las tarifas que impuso la ley de emergencia económica. Despouy cree que, a raíz de la rescisión del contrato, los accionistas de Aguas podrían llegar a duplicar el monto fijado en la demanda original, para lo cual el Estado debe reforzar su defensa.

Esta postura elevó la indignación en diversos sectores dentro y fuera de Argentina. "Están pidiendo compensaciones muy altas e injustificadas cuando trajeron más problemas que beneficios, no cumplieron con el acceso al servicio ni resolvieron la contaminación", comentó Danielle Miterrand, ex primera dama de Francia y activista contra la privatización del agua.
Aguas Argentinas enfrenta demandas que no tienen fallo todavía por más de 1.500 millones de pesos y una deuda estimada en 408 millones de pesos, infirmó dijo Eduardo Mondito, defensor del Pueblo de Argentina.

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