El pueblo boliviano avanza en la construcción de un modelo público para la administración del agua, diametralmente distinto al esquema privatizador fracasado, pero aún falta mucho para que la tendencia se consolide. Falta que la gente tome decisiones políticas y controle el presupuesto de la empresa. Esto depende del cambio de las reglas de juego en el manejo de empresas públicas. La Asamblea Constituyente tiene la misión de eliminar el entramado jurídico legal que no permite el desarrollo pleno de una empresa público social, afirma Oscar Olivera, uno de los líderes de
P. ¿Qué razones le motivaron a participar en la lucha por la defensa del agua y contra la privatización en Cochabamba?
P. En el contrato de concesión con Aguas del Tunari y la Ley de Agua Potable se establecían medidas que afectaban directamente a la población en su vida cotidiana. Una de ellas era la dolarización de las tarifas de agua para la gente conectada a la red central; otra la expropiación de los sistemas de agua alternativos que fueron construidos por centenares de cooperativas peri urbanas, y tercero la creación de un mercado de agua que eliminaba los usos costumbres tradicionales en el manejo del agua y que quitaba el derecho propietario de comunidades sobre fuentes de agua. Además, estas normas establecían una tasa fija de retorno de capital para la transnacional del 16%, e inclusive la obligación de que la población pida permiso a la Superintendencia de Saneamiento Básico para cumular agua de la lluvia.
El usuario conectado a la red central vio triplicarse las tarifas de un día para otro. La gente que no estaba conectada a la red central no podía obtener servicio porque se estableció un monopolio de la transnacional. Los sistemas de agua comunitarios construidos con el esfuerzo de todos pasaban a ser propiedad de empresa sin que pague una indemnización, al igual que los lagos, algunas y ríos de los campesinos. La privatización y la política del Banco Mundial afectaban a todos sin excepción porque nadie deja de tomar agua.
P. ¿Cuáles son las lecciones principales de lucha en Cochabamba?
Primero, descubrir el contrato de concesión absolutamente corrupto y hecho a espaldas de la población, totalmente favorable a las transnacionales y perjudicial para la población. La primera tarea fue ver que tipo de contrato se había firmado y con quién porque no se sabía nada. Se descubrió que fue una empresa inscrita en las islas Caimán, vinculada a la norteamericana Bechtel, a la italiana Edison y a la española Abengoa, con un capital irrisorio de 10 millones de dólares que se comprometía a gestionar un proyecto de 300 millones de dólares. Lo segundo fue informar a la gente de los efectos de la privatización, y tercero fue promover la movilización para decir que no queríamos esa ley y ese contrato, y que Aguas del Tunari debía irse. Luego elaboramos una ley que garantice el acceso al agua como un derecho público. Entonces, nuestra tarea fue investigar, comunicar, deliberar, organizarnos, movilizarnos y proponer.
P. ¿Cuánto se avanzó en la construcción de un nuevo modelo de gestión frente a la privatización?
R. Falta mucho todavía para, pero ya se alcanzaron algunos logros importantes. Por ejemplo, sin necesidad de aumentar las tarifas de agua, y con el trabajo comunitario de la gente, extendimos centenares de kilómetros de redes de agua y alcantarillados en barrios periféricos. Establecimos un sindicato comprometido con las políticas de Semapa y el control ciudadano a través de la elección de directores ciudadanos. Ya existe mínimamente control social, aunque falta mucho por avanzar. Falta que la gente tome decisiones políticas y controle el presupuesto de la empresa. Esto está muy lejos y depende del cambio de las reglas de juego en el manejo de empresas públicas. Por ejemplo, Semapa no tiene un presupuesto autónomo sino que éste debe ser aprobado por el Municipio, el Ministerio de Hacienda y el Parlamento. Es por eso que por ahora no existen posibilidades de construir una empresa pública social. La Asamblea Constituyente tiene que eliminar ese entramado jurídico legal que no permite el desarrollo peno de una empresa público social.
P. ¿Cuál es la importancia del primer Ministerio del Agua creado en Bolivia?
R. El Ministerio del Agua es producto de la lucha social y puede cumplir un rol muy importante porque el agua es vida, salud y participación para gente en la ciudad y en el campo. Según la sabiduría popular, el agua no es propiedad de nadie sino un beneficio de todos los seres vivos. El Ministerio tiene que rescatar esas formas de gestión y los conocimientos ancestrales de las comunidades indígenas y difundirlas. Lo más importante es que el Ministerio permanezca ajeno a toda ingerencia partidaria y gubernamental, porque cuando el funcionario se subordina al partido y no es técnico o activista social comprometido, es grave. Lo malo sería que en el Ministerio del Agua quieran que todos sean del MAS porque eso es perjudicial y pernicioso para la participación de la gente.
P. ¿Cuáles son los desafíos más importantes del Ministerio?
R. Son varios: la Lucha contra las transnacionales que quieren establecer modalidades de privatización y hacer frente a la amenaza permanente de juicios en cortes privadas del Banco Mundial. Por otro lado, todavía existe una estructura armada dentro del aparato estatal para recibir la famosa cooperación internacional en el tema del agua, muy condicionada a imponer la construcción de empresas tendientes a ser privatizadas y a eliminar la participación de la sociedad civil; la cooperación asume una actitud paternalista porque cree que los bolivianos somos ignorantes y desperdiciamos el agua. El desafío es cambiar esa relación vertical y perniciosa.
El otro desafío es crear un fondo nacional para financiar los servicios básicos. En Bolivia hay mucha agua, es uno de los más ricos del mundo en este recurso, pero hay dos cosas que perjudican: la crisis de distribución y la contaminación por actividades mineras y petroleras. Creo que es necesario crear un fondo para dar solución a estos dos temas. Un tercer desafío es cambiar las normativas impuestas por las superintendencias para el funcionamiento de empresas públicas y cooperativas. Creo que se deben eliminar a las Superintendencias y desde el Estado fomentar la creación de formas autónomas de gestión del agua en comunidades y barrios. En resumen, hay que diseñar formas de gestión estatal y afines a los usos y costumbres y a los métodos ancestrales de la gente.
P. ¿Por qué el agua fue el eje de las luchas sociales?
R. En Cochabamba, por la escasez del agua y por el uso cínico que hicieron los políticos de las necesidades de la gente para captar votos. Segundo, por las formas muy oscuras de entregar un bien común a las transnacionales y a empresarios que tienden a apropiarse de un bien vital. Estamos viendo comunidades indígenas y campesinas que se movilizan contra la contaminación de sus fuentes de agua. El hecho de dar concesiones petroleras y mineras expulsando a comunidades y quitarles sus fuentes de vida motiva a la gente a que se movilice. Sin agua no se puede