(MDA).- El 24 de julio de 1997 se firmó el Contrato de Concesión entre Aguas del Illimani y la Superintendencia de Aguas para operar y expandir los servicios de agua potable y saneamiento Básico durante los próximos treinta años en las ciudades de La Paz, El Alto y alrededores. Durante la presentación de ofertas para la concesión, el 26/06/97 hubo transgresiones a las bases de la licitación, alteraciones que producen daño económico. Se observaron actos anómalos en el trámite mismo del proceso de adjudicación, cuyos director responsable es Luis Uzín.
Entre el 26/06/97 y el 24/07/97 se introdujeron cambios en la redacción de la versión final de los contratos, modificando aquella que fue adjuntada a la propuesta del concesionario adjudicado y que debió permanecer inalterable; dichos cambios no están amparados legalmente, los mismo que fueron encubiertos por los Superintendentes del sector.
Estos hechos y muchas otras denuncias hechas por las Juntas de Vecinos de FEJUVE de El Alto en contra de la Empresa Lyonnaise des Eaux (AISA), socia mayoritaria de Aguas del Illimani, hicieron que el Ministro del Agua Abel Mamani, presentara una Denuncia Criminal contra los Superintendentes Luis Guillermo Uzín y Jhonny Cuellar Carrasco, acusados por cometer los delitos de Incumplimiento de Deberes, Resoluciones Contrarias a la Constitución y las Leyes, Contratos Lesivos al Estado y Conducta Antieconómica, quienes han vulnerado el fundamental Derecho Humano al suministro de Agua Potable a los ciudadanos de La Paz y El Alto.
A Luis Guillermo Uzín se lo acusa de haber otorgado la concesión el mismo día de su posesión, por la menguada oferta de 71.752 conexiones de agua potable en El Alto hasta diciembre de 2001. Esta meta no se cumplió.
Es más, según denuncia del Ministro del Agua, Uzín, mediante Resolución SA Nº 17/97 de 21 de noviembre de 1997, dispuso que Aguas del Illimani elevara las tarifas en un 19% más que lo que cobrar SAMAPA sin ningún justificativo técnico.
El ministro Mamani informó a la prensa que Jhonny Cuellar Carrasco, que desempeñó el cargo de Superintendente hasta el 13 de enero de 2005 y que renunció producto del conflicto suscitado en la ciudad de El Alto, permitió que Aguas de Illimani incumpliera con el mismo contrato de concesión, que le obligaba a realizar 71.752 conexiones de agua potable de acuerdo a la expansión geográfica, en una primera instancia con el 50%, es decir con la conexión de 35.876 líneas. Sin embargo, hasta la fecha se cuenta con 24.169 conexiones de agua potable en El Alto.
En lo relacionado a las conexiones por expansión, de un total de 35.876 que debieron instalarse, únicamente se instalaron 28.595, quedando un saldo de conexiones por expansión de 7.281. Esto representa un incumplimiento del 26% de las metas presentadas en la propuesta Aguas del Illimani, lo que significa que el Contrato con Agua del Illimani caducó.
Cuellar mintió a la población paceña y alteña al asegurar que la transnacional cumplió con 18.988 conexiones. La ex autoridad determinó de forma arbitraria e irresponsable la continuidad del contrato cuando el misma había caducado por incumplimiento.
Y lo más irracional, dice Mamani, es que éste funcionario del Estado modificó a partir del 1 de enero de 2002 en la tabla contractual de depreciaciones, los bienes de uso con vida útil de 20 años y que pasó a ser de 30 años.
Éste tipo de irregularidades dentro del aparato estatal confirma una flagrante violación a los Derechos Humanos, a los cuales Bolivia está adscrita a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, Pacto Internacional de Derechos Económicos, sociales y Culturales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos de San José de Costa Rica y Fundamentalmente a nuestra Constitución Política del Estado, la cual se ha visto mellada por éstos dos ex Superintendentes, los cuales deberán comparecer ante la justicia.