Por Elizabeth Peredo Beltrán
Fundación Solón

Luego de la designación de Casimira Rodríguez, trabajadora del hogar, estudiante de sociología y Secretaria Ejecutiva de la Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar como nueva Ministra de Justicia del país se escucharon diferentes comentarios en la ciudad:  “¿Cómo es posible que una empleada doméstica llegue a ser ministra?”. ¡Para dirigir un Ministerio de Justicia se precisa de un profesional abogado que conozca de las leyes”.  “¿Sabían por qué ya no hay que dejar salir libres a las trabajadoras del hogar los domingos?: Porque acaban de ministras!”.  

En paralelo, decenas y decenas de llamadas, flores, felicitaciones, cartas de apoyo y artículos de respaldo en diferentes medios de comunicación internacionales y nacionales, de feministas y de redes de activistas por los derechos humanos llegaban celebrando la designación de Casimira en esa importante cartera.  

Y esa celebración es más universal de lo que se piensa, está acogiendo con calidez una señal de cambio y de colocar en primer plano el sufrimiento de la discriminación como un motor subjetivo de la gestión pública, que por más de un siglo ha dejado en manos de múltiples mecanismos institucionalizados de exclusión los derechos de los más débiles.

Es un mensaje sobre la fuerza de quienes –en el fondo- cambiarán las reglas del juego que postergaron por años los derechos de los más débiles, los pobres, las mujeres y los indígenas; serán precisamente aquellos y aquellas quienes articulen estos procesos.

Más allá de las reacciones de las elites y de los tecnócratas (inclusive de gente de izquierda) está el significado en el imaginario social de una ministra que ha vivido en carne propia el escarnio de no acceder a la justicia por más de dos décadas, que es precisamente la experiencia de la que proviene Casimira Rodríguez al haber luchado junto a muchas otras mujeres por la aprobación de una ley que iguale sus derechos a los de los demás.

Conocí a Casimira en 1996, trabajadora del hogar desde sus 13 años acababa de ser elegida Secretaria General de la FENATRAHOB, y junto con ella un equipo de sus compañeras de varios departamentos del país estaban dispuestas a seguir reuniéndose con parlamentarios, ministros y empleadores para convencerlos de la importancia de sus derechos y recordarles que las mujeres indígenas y trabajadoras en sus hogares también eran personas. 

Yo había participado de una investigación rescatando la experiencia organizativa y de lucha de la anarquista Federación Obrera Femenina (años 20 a 50) y conocí personalmente a Nicolasa Ibáñez, Catalina Mendoza, Tomasita Paton, Petronila Infantes, hermosas abuelas cholas, anarquistas y luchadoras infatigables por sus derechos.

Por entonces, organizamos una reunión entre las integrantes de los sindicatos de trabajadoras del hogar donde participaba Casimira y las herederas de la tradición de lucha de las primeras culinarias anarquistas en Bolivia para que este encuentro reavivara la memoria histórica  y tendiera puentes entre dos generaciones de luchadoras.

Por un lado, las culinarias de antaño que en la década de 1920 habían señalado uno de los nudos más perversos de la injusticia en nuestro país: la discriminación racial y de clase que dividía a las personas en una escala ¨pigmentocrática¨ basada en normas coloniales para comodidad de unos cuantos. Por otro lado, las trabajadoras del hogar que por entonces aún se las denominaba domésticas, empleadas o sirvientas que reclamaban dignidad y respeto a sus derechos y señalaban nuevamente (60 años más tarde)  la esquizofrenia de acoger en muchos hogares a trabajadoras indígenas y al mismo tiempo discriminarlas y negarles sus elementales derechos.

La experiencia de mirarse en el espejo, de compartir una historia que se repite, permitió fortalecer la lucha de las trabajadoras del hogar de las nuevas generaciones; levantar sus propias reivindicaciones y articularlas hacia un trabajo de sensibilización de los tomadores de decisión sobre políticas públicas.

Para Casimira quien estuvo a la cabeza del proceso se constituyó en una escuela para acuñar con mayor convicción los valores de equidad, justicia e igualdad como sustento de la vida cotidiana.

Lograr la aprobación de una ley para las trabajadoras asalariadas del hogar duró muchos años: más de dos décadas (desde principios de los 80) de reuniones, debates, trámites, versiones diferentes de una nueva ley, campañas y sobre todo la indiferencia del poder ejecutivo, legislativo y judicial para poner en práctica aquel principio de igualdad de derechos establecido en nuestra constitución y en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Muchas veces teníamos la sensación de que no se había avanzado nada, cada cambio de legislatura o de dirección en algún ministerio, era empezar de cero y luchar contra una amnesia social a la que había que recordarle los principios básicos de los derechos humanos, los derechos de las mujeres y las bases de la convivencia humana. Casimira se mantuvo a la cabeza de estas acciones durante dos gestiones de su dirección sindical.

Casimira tuvo la virtud de recoger el sentir de sus diferentes compañeras, de tender alianzas con otras mujeres de otros sectores sociales y de enfrentar junto con  luchadoras como Basilia Katari y Claudia Choque fuertes debates con los y las detractoras de esta lucha. Esto contribuyó de gran manera a posicionar un debate público entre la defensa de los derechos humanos versus intereses coloniales y patriarcales fuertemente asentados en ciertos estratos de nuestra sociedad.

Finalmente en el 2003, luego de participar y articular su lucha a las organizaciones sociales y unos días después de la masacre de Febrero, la ley fue aprobada, probablemente como un intento de mostrar cierta flexibilidad desde los poderes estatales ante las crecientes demandas sociales. 

Casimira por entonces había retornado ya a Cochabamba, su tierra natal y trabajaba por su sindicato y como ejecutiva de la CONLACTRAHO (Confederación Latinoamericana y del Caribe de Trabajadoras del Hogar). Sus compañeras de gremio, siempre acudían a ella para buscar un apoyo, un consejo a su gestión.  Ella, junto con otras trabajadoras de su organización, hizo seguimiento a la aplicación de la ley y constató que una ley aprobada no es suficiente, que la voluntad política de las instituciones del estado, el respaldo comprometido y consecuente a los logros de las mujeres son fundamentales para el ejercicio pleno de estos derechos.

Estas experiencias y trayectoria la hicieron merecedora en 2003 del Premio del Concilio Mundial Metodista de la Paz, instituido en 1970,  que había sido recibido antes por Nelson Mandela, Kofi Annan y las Abuelas de la Plaza de Mayo entre otros, así como del reconocimiento y aprecio de sus compañeras de lucha y de autoridades comprometidas con estas reivindicaciones.

Que no es suficiente un símbolo a la cabeza de un ministerio? Evidente, se precisa de una orientación clara y de encarar con valentía los desafíos que implica buscar la aplicación efectiva de la justicia para todos.  Que se necesita un equipo técnico? Innegable, todo ministro tiene su equipo. Es más, quienes administraron el poder en gestiones pasadas también lo hicieron, y quienes, por su parte, usufructuaron de la gestión pública para su propio beneficio lo propio.

Lo que sí deberíamos preguntarnos es por qué a pesar del desfile de doctores, expertos y notables en la administración de justicia y en los poderes públicos, los mecanismos de exclusión han permanecido tan fuertes. El desafío para esta nueva etapa es grande, pero no es solamente de una Casimira Rodríguez o de un Evo Morales Ayma, nos compromete a todos y todas nosotras en la tarea de superar discriminaciones, inequidades, injusticias y esquemas mentales. Imaginar un mundo diferente no es tan fácil, pero es posible.