La francesa Suez y su subsidiaria Aguas de Barcelona intentan traspasar el paquete mayoritario de Aguas Argentinas al consorcio integrado por los fondos de inversión Fintech y Latam Assets, principales acreedores de la privatizada.
De acuerdo con esta propuesta, Suez y Aguas de Barcelona no se retirarían totalmente del negocio ya que retendrían un 15% de las acciones y serían las encargadas de la operación técnica. También permanecerían como socios minoritarios el Banco Mundial y el Banco de Galicia.
Los movimientos sociales de Argentina se mantienen alertas y movilizados para seguir exigiendo la expulsión de las multinacionales del agua, e impedir el traspaso de Aguas Argentinas a estos fondos que no llegan al país vecino para mejorar el servicio sino para llevarse la mayor cantidad de dinero posible de los usuarios, ya que el dinero es su verdadero negocio.
Anteriormente se había comunicado que ante el fracaso descomunal de Suez en los servicios de agua de Santa Fe, el 8 de febrero el gobierno provincial se haría cargo del servicio y establecería Aguas Santafesinas Sociedad Anónima (ASSA), en la que el Estado tendría el 90% de las acciones y los trabajadores el 10% restante.
El gobernador Jorge Obeid calificó de pésima la gestión y agregó que "El servicio fue malo, no hicieron inversiones, se endeudaron y yo quisiera saber dónde fue el dinero del endeudamiento que tuvieron; se fueron con la cola entre las piernas como perro que tumbó la olla".
El intendente de Córdoba, Luis Juez, anunció que presentará un recurso de "inconstitucionalidad" al contrato de concesión a Aguas de Córdoba (franco belga Suez), que firmó el gobernador Manuel de la Sota. Juez considera que el contrato es "leonino", que correspondía un nuevo llamado a licitación y no su prórroga, otorgando demasiadas ventajas a Suez. El intendente continúa afirmando que "el único lugar donde Suez consiguió condiciones de prestación extremadamente favorables es en Córdoba".





