El gobierno boliviano compró en dos bolivianos el 80% de las acciones de International Water BV y Abengoa S.A., propietarias de Aguas del Tunari, la compañía que fue expulsada de Cochabamba luego de una insurrección popular. Las empresas extranjeras se comprometieron a desistir del proceso de arbitraje por el que demandaban al Estado por 25 millones de dólares en tribunales extranjeros.

"Lo fundamental del convenio es que se compran las acciones por un precio nominal de un boliviano para cada una de las empresas, lo que daría como resultado dos bolivianos por el 80 por ciento de las acciones", explicó a La Prensa el viceministro de Servicios Básicos y Obras Públicas, Eduardo Rojas.
El restante 20 por ciento de los valores se encuentra en manos de empresarios bolivianos, como Samuel Doria Medina, que es propietario del 5%.

Se trata de un "arreglo amistoso" que implica que International Water BV y Abengoa S.A. desisten de continuar con el arbitraje internacional en el Centro Internacional de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) dependiente del Banco Mundial. Ahora solo queda que ambas compañías envíen el acuerdo firmado en los próximos días.

El gobierno y las empresas suscribieron el acuerdo preliminarmente el 22 de julio de 2005. Las partes se obligaban a liberarse mutuamente de cargos y responsabilidades. El acuerdo debía oficializarse entre el 22 y 23 de diciembre, pero los representantes de Abengoa no pudieron conseguir pasajes para llegar al país. "Por ello decidimos que se firmará el documento por partes, aquí en Bolivia el Gobierno y en Estados Unidos y España las dos empresas", explicó Rojas.

Ese preacuerdo fue homologado el 22 de diciembre de 2005 con el Decreto Supremo 28539 firmado por el Presidente Eduardo Rodríguez. La norma autoriza el pago de un boliviano para cada una de las empresas.

Cuando el documento firmado llegue al país, el gobierno convocará a una reunión de directorio para garantizar el normal servicio de agua potable en Cochabamba.