(Bolpress).- Por las señales recibidas, el Presidente Eduardo Rodríguez no parece estar dispuesto a solucionar el conflicto con Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA) en esta gestión de gobierno y, al igual que en el tema del gas, su estrategia consistiría en dejar el conflicto sin resolver hasta que asuma un nuevo gobierno en enero del próximo año.

Rodríguez se comprometió con la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve) a que un nuevo operador se haría cargo del servicio de agua potable y alcantarillado en La Paz y El Alto a partir del primero de agosto de este año, pero luego anunció que la resolución del contrato con la transnacional Suez se prolongaría por lo menos hasta fin de año.

El 4 de agosto, el Presidente declaró que su gobierno suscribiría en pocas horas un acuerdo con AISA para viabilizar en 15 días la posesión de autoridades bolivianas en la administración del servicio y la compra de las acciones de la concesionaria, cuyo valor se definiría en función de una auditoría integral. Sin embargo, hasta el momento no se conoce el mencionado acuerdo, en tanto que la empresa asegura que no recibió ninguna propuesta oficial del gobierno.

El Superintendente de Saneamiento Básico, Alvaro Camacho, informó ayer que fue conformado el equipo técnico que se hará cargo del proceso de transición, instancia que recibirá toda la información del manejo económico y comercial de AISA así como las tecnologías que implementó esa empresa en los siete años de operación en el país. Sin embargo, la autoridad reguladora no reveló los nombres de las personas que forman parte de ese equipo.

Las autoridades se contradicen sobre la salida de AISA. Aseguran contar con una comisión de transición lista, pero no existe un soporte jurídico para la existencia de esta comisión. Hasta ahora no se conoce oficialmente el convenio al que habrían llegado el gobierno y la empresa. AISA argumenta que nunca se le hizo una oferta oficialmente y el gobierno afirma categóricamente que se comprará las acciones. Se supone que el convenio se firmaría el 15 de agosto, pero AISA no ha emitido ninguna comunicación oficial sobre las negociaciones que sostiene con el gobierno. Rodríguez y su equipo prometen que hasta fin de año se resolverá la controversia con la empresa, pero no existe un documento que confirme aquello. En tanto, las dos Fejuves y los gobiernos municipales pidieron al gobierno que se les informe del proceso de negociación y de la salida de AISA.

Los vecinos de El Alto comienzan a impacientarse, al igual que los habitantes de las laderas de La Paz. A principios de agosto, los vecinos del distrito 3 de El Alto criticaron a su dirigente Abel Mamani por no acelerar la salida de AISA. Según estas personas, Mamani se había comprometido a que a partir del primero de agosto ingrese un nuevo operador y le responsabilizaron de la lentitud en el trámite.

Por otro lado, se ha considerado ampliar el tiempo de vida de la comisión interinstitucional encargada del diseño de la nueva Entidad Prestadora de Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (EPSA), cuyo tiempo de vida venció el 29 de julio. El trabajo en esta comisión está paralizado y mientras no salga un decreto que amplíe sus funciones no puede seguir trabajando. La comisión operó durante tres meses, desde mayo hasta fines de julio, pero no pudo llegar a una conclusión porque su trabajo fue interrumpido por los conflictos sociales de mayo y junio.