Este primero de agosto de 2005 debía comenzar un período de transición en la administración del servicio de agua potable y alcantarillado en La Paz y El Alto, lo que suponía que Aguas del Illimani Sociedad Anónima (AISA) entregue la concesión a un nuevo operador que podía ser Samapa o un equipo de profesionales encargados de asumir la conducción mientras se constituye una nueva Entidad Prestadora de Servicios de Agua (EPSA). No obstante, el gobierno no cumplió el compromiso y ahora plantea que AISA continúe administrando el servicio por lo menos seis meses más mientras negocia una posible compra de acciones, lo que significa la salida más cómoda y favorable para la transnacional.

AISA debía renovar tres boletas de garantía otorgadas a favor de la Superintendencia  de Saneamiento Básico (Sisab) y de SAMAPA por un valor de 15 millones de dólares hasta fines de julio, pero no renovó una de ellas en el plazo acordado y dio pie a la terminación del contrato por incumplimiento. Sin embargo, el gobierno fue tolerante y amplió los plazos a favor de la empresa.

La única vía que garantizaba la salida rápida de AISA era apelar al incumplimiento en la renovación oportuna de las boletas de garantía, que por sí sola producía cuatro efectos: la Resolución del Contrato de bienes, la Caducidad del contrato de Concesión, la ejecución de las boletas de garantía por 15 millones de dólares a favor del Estado y la designación de un interventor a AISA.

Ante el incumplimiento en la renovación de la Boleta de Garantía a su favor, el 20 de julio SAMAPA solicitó a la Sisab que autorice la Resolución del Contrato de régimen de bienes, la ejecución de la garantía y la intervención a AISA. El 22 julio, la Federación de Juntas Vecinales de El Alto (Fejuve), mediante comunicado público, pidió al superintendente dar curso a la solicitud de SAMAPA, pues AISA insistía en que se le reciba la boleta renovada fuera del plazo prudente.

A pesar de todo ello y del peso legal y social que conlleva esta decisión, la Superintendencia envió una carta el 21 de julio instruyendo a SAMAPA que reciba la nueva boleta.

En una reunión convocada por el Ministerio de Servicios y Obras públicas, el gobierno informó que intentaría arribar a un acuerdo con AISA antes de que finalice julio para la compra de todas las acciones determinando su valor real a través de una auditoria integral y definiendo un período de transferencia mediante un operador transitorio a partir del 1º de agosto. Pero a partir de ese día no se conoce oficialmente cuál es el estado de las negociaciones, si existe algún acuerdo firmado con la empresa que garantice su salida definitiva y, de existir éste, cuáles las condiciones en las que se suscribe y si estas, presumiendo la buena fe, aseguran una solución al conflicto en las mejores condiciones para el Estado.

Por el momento, no existe un convenio suscrito, las negociaciones se mantienen estancadas desde el 13 de julio y las organizaciones de El Alto comienzan a impacientarse, pues AISA continuará operando en La Paz y El Alto por un tiempo aún indefinido porque la comisión encargada de diseñar el tipo de entidad que se hará cargo del servicio todavía no llegó a consensos. El diseño de la empresa que la reemplazará debería estar listo, pero la comisión está demorada.

La Fejuve de El Alto advirtió que de no acelerarse el período de transición, tal y como se comprometió el gobierno, se tomarán medidas de hecho. Una de esas medidas es comenzar a conectarse a las redes de agua y alcantarillado y organizar sistemas autónomos sin esperar la respuesta del gobierno. Los vecinos alteños no descartar asumir otras medidas de presión.

Los alteños están dispuestos a reanudar la Guerra del Agua para lograr la salida de AISA, subsidiaria de la transnacional Suez debido a que el gobierno central decidió prolongar la permanencia de dicha empresa, anunció el secretario general de la Fejuve Jorge Chura.

Chura reveló que los dirigentes de la entidad que agrupa a más de 540 juntas vecinales enviaron una carta al primer mandatario para que les haga conocer el contenido del convenio y las condiciones que se establecieron para que AISA que quede por otros seis meses.

Chura anunció que la decisión que ha tomado el mandatario Rodríguez va hacia un rumbo inexorable de la rearticulación de las presiones de las juntas vecinales, debido que en enero y marzo cuando se desarrollo el paro cívico indefinido, demandaba principalmente la expulsión de Aguas del Illimani de la jurisdicción de El Alto. Recordó que no sólo se cuestiona a la empresa su falta de interés por la ampliación del servicio sino también por la dolarización de las tarifas de agua y alcantarillado.