El presidente de Estados Unidos George W. Bush no logrará esta semana que el Congreso de su país apruebe el Tratado de Libre Comercio (CAFTA) con Centroamérica. Salvador Arias, del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN), la principal fuerza opositora de El Salvador, asegura que Bush carece de los votos necesarios para imponer el tratado.
La alianza norteamericana contra el TLC centroamericano ha logrado poner al gobierno de Bush en una situación difícil porque hay un déficit de 53 votos que están pendientes y que son necesarios para poder aprobarlo. A favor de la propuesta de Bush hay hasta el momento 157 republicanos y ocho demócratas. El 30 de junio el Senado aprobó el CAFTA por un estrecho margen de 54 votos a favor y 45 en contra, pero para ser ratificado en la Cámara de Representantes requiere de un mínimo de 218 votos.
Se calcula que el próximo miércoles el acuerdo sea sometido a votación en la Cámara de Representantes y es probable que Bush sufra una derrota política por la oposición demócrata a ese proyecto contra el cual también ha trabajado el FMLN apoyando desde hace año y medio la creación de una amplia alianza contra el CAFTA.
La Casa Blanca ruega a la Cámara de Representantes aprobar el tratado antes del comienzo del receso de verano, que abarcará todo agosto. Es llamativo que una economía tan pequeña como la centroamericana se convierta en un problema tan grande para Bush.
El presidente salvadoreño, Elías Antonio Saca, expresó su esperanza en que el Congreso estadounidense ratifique el acuerdo que "beneficiará económicamente a todos los países del istmo". En tanto, la aprobación del TLC aún sigue sin discutirse en el Congreso costarricense por el presidente Abel Pacheco, quien condiciona su debate al respaldo previo a una reforma fiscal trabada en esa instancia desde hace más de dos años.
Los 38 congresistas del Frente Sandinista de Nicaragua ratificaron que no votarán por el TLC, mientras los del Partido Liberal Constitucionalista (PLC) esperan por la decisión del congreso estadounidense para tomar una decisión al respecto.
El TLC entre Centroamérica y Estados Unidos se firmó en Washington el 28 de mayo de 2004 y tres meses después se sumó la República Dominicana. Hasta el momento sólo fue ratificado por El Salvador, Guatemala y Honduras. Costa Rica, junto a Nicaragua y República Dominicana no han aprobado el tratado.
La sociedad rechaza el acuerdo
Organizaciones sociales de El Salvador y otras naciones centroamericanas han realizado innumerables acciones de protesta contra el DR-CAFTA. El FMLN, los sindicatos y organizaciones sociales integradas al llamado Bloque Popular Social (BPS) aseguran que el CAFTA "viola derechos laborales de salvadoreños y estadounidenses y pone en desventaja a la pequeña empresa". Además, el tratado tendrá efectos devastadores para la agricultura de la región ya que se prevé una avalancha de productos subvencionados por la potencia.
Por otro lado, la Central Sandinista de Trabajadores (CST) de Nicaragua confirmó la creación de la Coordinadora Nacional en noviembre para defender los derechos de los obreros, ante una posible ratificación del CAFTA. El secretario general de la CST, Roberto González, aseguró a Prensa Latina que esto es parte de la estrategia de las instituciones gremiales para evitar que las transnacionales se apoderen de las riquezas del país.
"Buscamos unir fuerzas ante un recrudecimiento de la miseria, el hambre, el desempleo y la quiebra de la mediana y pequeña empresas, carentes de recursos y tecnología para competir con las grandes instituciones mercantiles subsidiadas por Estados Unidos", señaló el líder sindical.
Piden referéndum en Costa Rica
El 61 por ciento de los costarricenses considera que el CAFTA debe decidirse mediante un referéndum popular, según una encuesta de la Universidad de Costa Rica. Jorge Poltronieri, coordinador del centro de estudio, señaló que 35 por ciento de los entrevistados considera que el TLC desfavorece al país, índice que aumentó en cinco por ciento respecto al año anterior.
El 70 por ciento de los interrogados teme que el acuerdo viole la constitución del país y los derechos laborales, además de privatizar los servicios de las empresas estatales. El 45 por ciento manifestó que el convenio provocará mayor pobreza social y deterioro del medio ambiente. También se piensa que el acuerdo encarecerá las medicinas y arrasará con la producción agrícola (47 por ciento).
Los expertos predicen que las afectaciones sobre el sector rural incrementarán el potencial de inmigración indocumentada hacia Estados Unidos, una verdad que Bush quiere ocultar.