La XXXVII Asamblea General de la OEA realizada en Panamá aprobó una Resolución que reconoce el derecho del Estado a establecer normas y reglamentos sobre el uso del agua y los servicios de agua en su territorio y también el uso ancestral del agua por parte de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas. A la vez, la resolución destaca que el agua tiene un “función y valor económicos”.

 

La resolución del agua reconoce y destaca que el recurso es esencial para la vida y la salud de todos los seres humanos y que el acceso al agua potable, y la higiene básica es indispensable para poder vivir una vida con dignidad humana.

 

En la declaración se destaca que el agua es un recurso natural, finito y vulnerable, dotado de valor económico y que además cumple una función ambiental, social, económica y cultural, subrayando también su importancia como fuente de energía.

 

Se reconoce el uso ancestral del agua por parte de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas, en el marco de sus usos y costumbres, de conformidad con las respectivas legislaciones nacionales.

 

La resolución insta a los Estados Miembros a formular políticas públicas que contemplen la participación de la sociedad civil en la gestión de los recursos hídricos y en la planificación de alternativas para mejorar sus servicios de agua potable y saneamiento, en el marco del estado de derecho, teniendo presente, entre otros, las necesidades de las comunidades urbanas, rurales y pueblos indígenas, facilitando para el efecto el acceso a los conocimientos especializados y a la información sobre la gestión integrada de los recursos hídricos.

 

Los países miembros de la OEA se comprometieron a tomar en cuenta los efectos de la variabilidad y cambio climático en los recursos hídricos, el suministro de agua potable y el saneamiento, con especial énfasis en la prevención de los riesgos asociados con la gestión del medio ambiente, así como la degradación de las cuencas hidrográficas y los humedales.

 

Se encomendó al Consejo Interamericano para el Desarrollo Integral (CIDI) que establezca un Grupo de Trabajo con el fin de preparar una reunión especial y continuar con estrategias que mejoren el acceso al agua potable y el saneamiento básico, en conformidad con las disposiciones de  la Declaración del Milenio y el Plan de Aplicación de las Decisiones de la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible. El CIDI deberá presentar informe correspondiente a la Asamblea General en su trigésimo octavo período ordinario de sesiones.

 

Por otro lado, la Asamblea rechazó la prohibición de la FIFA al juego de fútbol a más de 2.500 metros sobre el nivel del mar; la inclusión de Bolivia como sede para una Asamblea General de la OEA; la extensión de mandato para el grupo de trabajo en busca de consensos para la Declaración Americana de los Derechos de los Pueblos Indígenas y un número de resoluciones copatrocinadas por Bolivia. Lo resuelto en la OEA refleja un alto contenido de inclusión social y ambiental, sobre temas críticos, comunicó el embajador, representante permanente de Bolivia ante la OEA Reynaldo Cuadros.

 

Según el diplomático, los términos de "participación e inclusión social", "dignidad", "soberanía", "solidaridad" y son parte del vocabulario de los representantes de los diferentes países. "Como señal visible de cambio, una mayoría de países se han pronunciado a favor del retorno de Cuba a la OEA y se ha percibido una actitud de simpatía hacia Bolivia", dice una carta de Cuadros.